Las autoridades del Estado de Morelos impiden o limitan que se investigue a diversos actores políticos por el asesinato del activista y comunicador Samir Flores Soberanes, aseguraron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.
David Peña Rodríguez, abogado de la familia de Samir, dijo en conferencia de prensa que no pueden afirmar que el Gobierno del Estado de Morelos esté o no esté ligado al crimen; sin embargo, sí ven complicidad o protección.
Al respecto, Carlos González, integrante de la Coordinación del Congreso Nacional Indígena, dijo que no eximen al Gobierno estatal ni mucho menos, pero sí exigen se llegue a un total conocimiento de la verdad.
Sin importar, añadió, si hay funcionarios de la actual Administración de Morelos o incluso del Gobierno Federal.
“Si hay políticos, diputados, senadores, partidos políticos, empresarios, lo que se está exigiendo es que se llegue a ese conocimiento”, reclamó.
El 19 de febrero, mismo día del crimen del también comunicador, apareció una narcomanta firmada por el Comando Tlahuica, cuyo líder es Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”.
Es además uno de los mayores generadores de violencia en Morelos y quien apareció en enero de 2022 en una fotografía publicada en medios con el Mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco, y otros dos líderes criminales.
“X puto chismoso denunciaste al abran ocanpo y siges tu michoacano con tu pendeja banda. Atte Comando Tlahica (sic)”, se leía en la manta.
De acuerdo con el también abogado, el asunto es que en México existe colusión y protección de las instituciones del Estado con los cárteles criminales que desde hace años penetraron en éstas.
Desde hace décadas, añadió, las instituciones han estado sujetas a los intereses políticos y económicos más poderosos.
“Lo mismo ocurre con el Poder Judicial. Si hay una estructura judicial corrupta en este mundo es la de México. Si hay una estructura judicial cómplice del crimen, cómplice de los crímenes permanentes y continuados hacia los pueblos originarios es el de este país”, lamentó González.
Frente a este escenario, de acuerdo con Peña Rodríguez, fue que optaron por acercarse nuevamente a la Fiscalía General de la República (FGR), en busca de cambiar el viraje actual de la investigación en manos de la Fiscalía General de Morelos.
Hasta el momento, consideró el abogado de las víctimas, en la Fiscalía estatal está estancada, pese a que hay una persona detenida y vinculada. Pese a que está en busca de otra persona cómplice y sustraída de la ley.
“Nosotros no confiamos en ninguna de las dos Fiscalías, el tema es que esto es lo que hay. Confiamos en su momento en la Fiscalía local porque era el crimen ahí (el de Samir) y porque la Fiscalía General se negó a atraer el caso desde un principio”, recordó.
Sin embargo, precisó que de nuevo tienen que confiar en la FGR, porque ahora será la instancia que continúe con las investigaciones a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.