Por abuso de autoridad y contra la procuración y administración de justicia, el Alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, presentó este viernes en la FGR una denuncia contra el Fiscal Anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez.
Afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el funcionario municipal acusó una persecución con tintes políticos sobre su persona y la ciudad de Cuautla.
“Las pruebas son todos los videos que ustedes (medios) nos han hecho favor de llegar, las fotografías, los trabajos que han estado haciendo (ustedes) y que han sido utilizados por parte de la Fiscalía de manera muy arbitraria”, dijo para presumir que será el propio Alejandro Gertz Manero, Fiscal Federal, quien lleve su caso.
Acusó además al Congreso de Morelos de ser quien marca la persecución, al no querer dar un solo peso al Ayuntamiento que gobierna, proveniente del Fondo de Recursos Municipales.
Arredondo López tiene denuncias por amenazas, discriminación y violencia política. En su conferencia callejera, el Edil de Cuautla no abordó que ha sido señalado y acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, e investigado por diversas denuncias por abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento Ilícito, amenazas, discriminación y violencia política contra mujeres.
Por lo que este acto respondería a un intento para frenar esas investigaciones que pesan en su contra. “En más de tres ocasiones me hicieron la pregunta, muy insistente, en que yo llegara a un acuerdo, a una justicia alternativa… yo me negué en esas tres ocasiones. Lo único que pido es justicia y que no esperen que aquí en el estado maten a un periodista”, exigió en entrevista Rosy Linares, una de las víctimas del Presidente Municipal.
Desde hace casi un año, Arredondo López acusa que es víctima de un golpeteo político, luego de que dos profesionales del gremio periodístico, entre ellas Linares, lo acusaron de actitudes intimidatorias y amenazantes.
Meses después se sumó la denuncia presentada por una regidora de Cuautla, ante presuntas irregularidades en la Administración municipal y por lo cual elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción intervinieron la Tesorería, a fin de asegurar las oficinas del Archivo donde se localizó información útil.
En ambos casos, las afectadas interpusieron las respectivas demandas ante las Fiscalías General y de Combate a la Corrupción. Por esos hechos, el Edil de Cuautla está muy ocupado en presentar denuncias para desviar la atención pública y evadir a la justicia, buscando el cobijo de otros Poderes del Estado.
Amenazas y amedrentamiento el modus operandi del Edil de Cuautla El 31 de julio de 2022, Rosy Linares, fotoperiodista independiente en Morelos, denunció haber sido amenazada por el Edil de Cuautla a través de una llamada telefónica.
“El Alcalde me amenazó con secuestrar a mi hijo y a raíz de los hechos yo padezco diabetes”, puntualizó Linares.
Esto, luego de que publicó en sus redes sociales fotografías sobre las elecciones internas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de festejos presuntamente organizados por el Alcalde en los que captó a su hijo del mismo nombre.
Ese mismo día, medios locales publicaron sobre el acarreo y la entrega de apoyos y despensas durante las votaciones, todo lo cual lo dejó sumamente molesto al verse evidenciado efectuando actividades fuera de lo legal como funcionario público. De acuerdo con la fotoperiodista, unos 30 minutos después de su publicación recibió una llamada de un número desconocido desde el que Arredondo López le exigió a gritos que bajara la foto de su hijo.
Ella optó por atender a la amenaza, ya que su hijo sufre de una capacidad distinta que la obliga a llevarlo cargado en su espalda a donde va, de ahí su temor por su seguridad y la del menor.
El 1 de septiembre de 2022, Linares presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de abuso de autoridad y lo que resulte; asimismo, solicitó medidas de protección para ella y su familia, pues una patrulla realizaba rondines alrededor de su domicilio.
De acuerdo con la denunciante, sí Arredondo López no fuera culpable, su abogado no habría sido tan insistente en llegar a un acuerdo. Pese a ello, dijo temer por falta de justicia debido a que al igual que podría contar con el cobijo del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, pues militan en el mismo partido.
“Espero que no impere el poder y la corrupción. Si el fallo sale a favor del señor, pues se estará burlando ¿no? Lo que pido es justicia nada más, no ningún acuerdo económico porque ningún acuerdo económico me va a devolver la salud”, expresó.
El pasado 28 de marzo, Rosa Linares Morán presentó otra denuncia en la misma Fiscalía por el delito de discriminación, esta vez en contra de dos comunicadores y del Alcalde. A esta hazaña de Arredondo López, hay que añadir las amenazas contra la comunicadora y activista Adriana Mujica, de la Red de Mujeres Periodistas de Morelos, quien acusa violencia cometida a través de Andrés Salas, integrante de la Oficina de prensa.
Esto se debe, explicó, a que en una conferencia de prensa señaló la violencia política por parte del Edil en contra de una regidora, hecho por el que también recibió una llamada telefónica por un supuesto periodista local en la que la amenazó de acudir con otros colegas para reventar el evento.
Mujica acusó también la filtración de información sensible y de datos personales, ante lo que presentó una denuncia contra Salas, cuya carpeta de investigación está radicada en la Fiscalía General del Estado. Solicitó además la activación del Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
En referencia a la regidora, en quien recaen las responsabilidades de cinco áreas, el pasado 22 de mayo presentó en la Fiscalía Anticorrupción dos denuncias: una por violencia política y la segunda por delitos cometidos en agravio a su persona y a la sociedad. Según lo explicado por la funcionaria municipal, luego de negarse a firmar un acta de asamblea de Cabildo celebrado en enero, pues no estaba de acuerdo con unos de sus puntos.
A partir de allí, le retiró el apoyo económico por sus actividades como funcionaria pública, afectando incluso a los grupos más vulnerables de Cuautla