Los ex integrantes del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla, en especial, María Teresa Castro Corro, Musmet Sosa Cozar, Ana Lucia Hill Mayoral y Elsa María Bracamoentes González, están muy interesadas en postergar el desfalco que propiciaron en favor de la empresa Conduent Solutions México, S. de R.L de C.V., por más de $406,000,000.00, que se han pagado a ésta sin título de concesión para operar las líneas 1, 2 y 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado, en la Ciudad de Puebla, por lo que pretenden alargar el litigio en los Tribunales Federales, para buscar amparo en la siguiente administración en el 2024.
Asimismo, llama la atención que los esfuerzos del cuerpo jurídico del Organismo Descentralizado parecen que van más encaminados a velar por los intereses de la empresa usurpadora, que los de la propia dependencia estatal, ya que lo han litigado con una evidente parcialidad, como si estuvieran percibiendo, lo que se conoce en el argot jurídico, como una “iguala”; lo que explicaría, en todo caso, el escaso o nulo interés de Conduent Solutions México, S. de R.L. de C.V. en tener una actuación más activa en los procedimientos procesales o manejar una estrategia jurídica distinta.
Esto, hace que las actuaciones de los representantes jurídicos de la OPD, obedezca a mantener a la empresa Conduent Solutions México, S. de R.L. de C.V. explotando las concesiones de recaudación y peaje, sin tener concesión alguna, obteniendo ilegalmente $14,000,000 mensuales, además de lo ya erogado, en franco perjuicio de las arcas estatales, dejando en segundo plano los interés del Gobierno de Puebla; y, en primer lugar su doble nomina, situando hasta el final su lealtad con el Gobierno Estatal.
En definitiva, el gobierno actual debe auditar las estrategias jurídicas que eviten la confabulación y red de corrupción que ha permeado al Organismo Descentralizado denominado Carreteras de Cuota Puebla en la administración barbosista; y, concluir el evidente desvío de recursos estatales, por millones de pesos, en perjuicio de la Hacienda del Estado de Puebla, que se heredó del póstumo Gobernador.