A diferencia de hace unos años cuando la lucha violenta entre los diferentes grupos de la delincuencia organizada que operan en Guerrero, se presentaba fundamentalmente por controlar las rutas de trasiego de drogas rumbo a Estados Unidos o las zonas de mayor producción de estupefacientes, hoy la disputa entre las bandas criminales se presenta básicamente para controlar los negocios lícitos e ilícitos en muchos de los municipios de esta entidad suriana.
Y es que delitos como el cobro de piso, extorsiones y secuestros se han disparado de manera alarmante durante los últimos años, al grado de que existen zonas de Guerrero que son controladas completamente por las bandas delincuenciales, quienes deciden como, quién y en cuanto se venden los productos comerciales, tal y como sucede en los municipios de Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa, Cutzmala de Pinzón, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Zirándaro.
En todos esos municipios ubicados en la región de la Tierra Caliente de Guerrero que son gobernados por alcaldes priistas (seis), perredistas (dos) y una morenista-, hasta parece que tienen acuerdos con el grupo de la Familia Michoacana quienes desde hace años controlan los precios de los productos de la canasta básica, deciden quién y en cuánto se vende la cerveza y refrescos, mientras que los transportistas -en cualquiera de sus versiones-, están obligados a pagar semanalmente una “cuota por administración”.
En el caso de Zirándaro, el grupo criminal que opera libremente está ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes constantemente mantienen enfrentamientos violentos con integrantes de la Familia Michoacana que lideran los hermanos Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga en dicha zona de Guerrero.
Situación similar se vive en municipios de la zona norte como Iguala y Taxco principalmente, donde la disputa entre los grupos de “Los Tlacos” y “La Bandera”, mantienen en zozobra la vida de miles de ciudadanos por sus constantes enfrentamientos que han dejado decenas de muertos y heridos, muchos de ellos personas ajenas a sus intereses y que lamentablemente han perdido la vida por negarse a pagar la famosa cuota o derecho de piso, como les ha sucedido a pequeños empresarios, empleados de negocios o choferes del transporte público.
La situación en Iguala ha empeorado desde 2014, cuando un grupo de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desparecieron presuntamente a manos de los delincuentes, porque los habrían confundidos con integrantes de un grupo rival o porque involuntariamente se llevaron secuestrado un camión cargado con droga que viajaría a Estados Unidos.
Desde entonces, la violencia a escalado de forma alarmante, y sin que ninguno de los alcaldes que gobiernan en esos municipios hayan hecho cuando menos alguna declaración en contra de esos lamentables hechos, y mucho menos acciones para frenar la violencia o garantizar la seguridad de los ciudadanos, argumentando que a ellos solo les compete la prevención del delito lo cual tampoco llevan a cabo.
En la zona centro del estado que abarca los municipios de Chilpancingo, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Quechultenango, Tixtla y Chilapa principalmente, la disputa que mantienen “Los Ardillos” que lidera Celso Ortega Jiménez -hermano del diputado local por el PRD Bernardo Ortega-, y “Los Rojos o Jefes” que comanda Cándido Nava “El Japo” mantienen en alerta permanente a los ciudadanos, ya que los ataques entre unos y otros se han recrudecido durante los últimos meses, al grado de que sus operaciones ya no se limitan a zonas alejadas al centro político del estado que es Chilpancingo, sino que incluso se registran en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, el Ayuntamiento o a las puertas de dependencias como la propia Fiscalía General del Estado (FGE) o las propias instalaciones de Seguridad Pública Estatal.
Los levantones, cobros de piso, extorsiones, secuestros y ejecuciones son “el pan de cada día” en la capital del estado Chilpancingo, a pesar de ser la sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y cuya población no asciende a más de 350 mil personas de acuerdo con el censo del INEGI en 2020.
Comerciantes, transportistas e incluso funcionarios son víctimas de los delincuentes, quienes incluso realizan bloqueos masivos para desafiar a las instancias de gobierno encargadas de garantizar la seguridad ciudadana, y sin que hasta el momento ningún presunto responsable haya sido detenido y mucho menos procesado.
La región de la Costa Grande no esta exenta de la violencia generada por la delincuencia organizada, ya que también se disputan el control de los negocios lícitos e ilícitos como sucede en los municipios de Zihuatanejo, La Unión, Tecpan, Coahuayutla y Petatlán, principalmente, donde grupos como el “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), “Los Viagras” y “Los Granados”, mantienen una lucha constante por dominar la zona y obtener la mayor cantidad de ingreso vía cobro de piso, extorsiones a comercios y secuestros expres.
En el puerto de Acapulco que es considerado como la “joya de la corona” por su importancia turística y económica a nivel nacional e internacional, la lucha por el control del cobro de piso, extorsiones y secuestros recae fundamentalmente en dos grupos que son identificados como “Los Rusos” al mando de Juan Carlos Rodríguez “Jogil” y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) que actualmente lidera Javier Muños “El Cholo”, luego de la captura de los cabecillas que dieron origen a este grupo como Félix Alejandro Magno “El Correcaminos” y Abner Noé N. “El Traumado”.
La reciente detención de 8 integrantes de “Los Rusos” ocurrida en agosto pasado, entre los cuales se encontraba el jefe de sicarios identificado como Brando “N”, ha desencadenado una serie de ataques violentos que en tan solo dos semanas ha dejado como saldo más de 15 personas asesinadas -entre ellas seis desmembrados-, más de 20 heridos y ataques en bares y lugares públicos como el zócalo de Acapulco, donde personas desconocidas arrojaron una granada de fabricación casera y provoco lesiones a cuatro personas.
De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, en Guerrero operan 16 grupos criminales que están plenamente identificados, entre los que se encuentran unos de menor presencia como “Los Arreola” y “Los Maldonado” en Costa Grande; “Los Tequileros” en Tierra Caliente; “Carteles Unidos” en zona Centro; “Los Caborca”, “Los Añorve” y “Los Carillo” en Costa Chica, los cuales están vinculados operativamente con otros de mayor presencia como “Los Rusos”, “Ardillos”, “Tlacos”, “Familia Michoacana” y “Cártel Jalisco Nueva Generación”.
A pesar de estos datos, y de acuerdo con cifras oficiales, Guerrero no se ubica dentro de las cinco entidades con mayor número de muertes violentas en lo que va del 2023, ya que en la lista se ubican con “focos rojos” entidades como el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Baja California, Chihuahua y Nuevo León.