Antonio Pérez Garibay quiere ‘acelerar’ su carrera rumbo a la gubernatura de Jalisco: El actual diputado federal de Morena hizo oficial este 26 de septiembre su aspiración de contender por la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en ese estado.
El o la coordinadora que sea electa se convertirá eventualmente en el candidato de Morena para las elecciones en esa entidad en 2024.
Jalisco es una de las tres entidades que Morena buscará ‘robar’ a la oposición en los comicios a gobernador el próximo año. Actualmente, el estado es dirigido por Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano.
Pérez Garibay adelantó que el lema de su campaña será ‘Jalisco, tierra de campeones’. El diputado es padre de Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de Red Bull quien se encuentra peleando el segundo lugar de la temporada 2023 de la Fórmula 1.
Sobre el tema, el diputado federal admitió que al inicio, su familia no estuvo de acuerdo con que se inscribiera en el proceso interno de Morena.
“Ahora, después de platicarlo con ellos, tengo toda su bendición, todo su apoyo”, señaló.
Pérez Garibay afirmó que en caso de que existe un mejor perfil dentro de Morena para conseguir la gubernatura de Morena, no tendría objeción alguna en declinar.
“Mi pobreza me forjó. Creo es algo muy importante, caminando de la mano de mi madre por las calles de Guadalajara, el haber nacido de la forma en que nací me llena de mucho orgullo”, dijo en rueda de prensa.
¿Qué requisitos debe cumplir Antonio Pérez Garibay?
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, explicó la semana pasada que los y las interesadas en inscribirse en el nuevo proceso interno de Morena no tendrán que dejar sus cargos públicos (como si lo hicieron, por ejemplo, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard).
Entre los requisitos establecidos en la convocatoria del partido guinda está una edad mínima de 30 años y haber nacido en Jalisco o haber estado avecindado cuando menos los dos años anteriores al 2 de junio de 2024.
Los lineamientos de Morena indican que quedarán fuera del proceso aquellas personas que tengan sentencias condenatorias por los delitos de violencia política contra las mujeres por razón de género; abuso sexual infantil; violación; feminicidio o violencia familiar, o que sean deudores alimentarios.