CHANAL (Chiapas).- Pueblos originarios denunciaron este jueves que un grupo criminal secuestró a decenas de personas indígenas en Chiapas, estado de la frontera sur de México que afronta una ola de violencia del narcotráfico y conflictos armados.
Habitantes del municipio de Altamirano relataron a EFE que entre los secuestrados, que en un principio estimaban en casi 100 y ahora ha bajado a unos 30 retenidos, está el representante de la comunidad Rogelio Hernández.
Una de las personas secuestradas el martes y liberada el miércoles, que por seguridad omitió su nombre, explicó a EFE que los hechos ocurrieron el 10 de octubre en la carretera Chanal-Altamirano a la altura de la comunidad Yaalcuk, municipio de Huixtan.
La víctima relató que 132 pobladores regresaban de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, tras reuniones con autoridades y legisladores de la entidad para resolver el conflicto que aqueja a la región cuando los interceptaron hombres armados, encapuchados, con ropa militar y chalecos negros.
“Nosotros vimos atravesados dos camionetas de lujo, unos hombres vestidos de militar y armas largas nos obligaron a bajar del carro a punto de cachazos e insultos, junto con los representantes de las comunidades, para luego amagarnos”, contó.
“Nos dividieron en dos grupos, a los representantes de las comunidades los golpearon por varios minutos, a nosotros nos mantenían con los ojos vendados con cinta canela, en la madrugada nos dejaron libres a unos cuantos, nos subieron a unas camionetas”, añadió.
Los pobladores indígenas realizaron un bloqueo de carreteras en medio del conflicto con los grupos criminales, que han exigido a los habitantes comunitarios cooperar.
Alfonsina Guzmán espera a su esposo Jacinto de 68 años con impaciencia y angustia.
“Estoy muy triste desde que lo agarraron, él tiene azúcar (diabetes), anemia, no sé si va aguantar los golpes que le están dando para que levanten el bloqueo, pero no lo vamos a levantar, hasta que el Gobierno resuelva”, indicó a EFE.
Unas 20 personas han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado, que a través de la Fiscalía de Justicia Indígena ha iniciado las investigaciones contra quienes resulten responsables de la posible comisión del delito de “retención de particulares” por los hechos ocurridos el pasado 10 de octubre.
Un conflicto armado en Chiapas
Los hechos ocurren después de que los pueblos originarios han advertido este año un clima de “guerra civil” en Chiapas por los conflictos armados, que han desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La violencia se ha agudizado después de que, en septiembre, habitantes de Frontera Comalapa, en el límite de México con Guatemala, denunciaron el abandono del Estado tras la irrupción de un grupo vinculado al Cártel de Sinaloa.
Para la población de Altamirano, esta lucha político-social se convirtió en un calvario, pues ha repercutido en la economía de las familias y pequeñas empresas, más de 3 mil estudiantes de diferentes niveles educativos interrumpieron sus clases, el servicio bancario cerró, y solo con un salvoconducto pueden salir del pueblo.
Irma Santis espera que las autoridades rescaten a su padre, Feliciano, con vida.
“Que las autoridades del Gobierno actúen, eso no deben dejarlo así porque ya estamos hablando de un secuestro, que ellos actúen y que el Gobierno nos responda por esos familiares, que los traigan con vida y a salvo”, demandó.
Las autoridades de los tres niveles de Gobierno acordaron el ingreso de 150 elementos de la Policía Estatal para fortalecer las acciones de seguridad con la Base de Operaciones Mixtas.
Pero los pobladores aún mantienen los filtros de seguridad en los tres puntos establecidos, donde solo permiten el acceso a ambulancias o vehículos particulares enfermos con citas médicas, carros con legumbres y carnes.