La violencia en el sur de México por la disputa entre dos grandes carteles de la droga se extienden por Chiapas con nuevos ataques a las fuerzas de seguridad y civiles afectados por la violencia que se vive en el estado.
La fiscalía del estado está investigando la emboscada a una unidad militar que, según informó el domingo por la noche, dejó un muerto y dos heridos el sábado, cuando el ejército patrullaba en la localidad de Maravilla Tenejapa, una zona selvática junto a los límites con Guatemala.
También indaga otro ataque sin víctimas a unas instalaciones de ese departamento en la región de la costa.
Además, se han reportado ataques ocurridos en Chiapas, todos ellos vinculados al enfrentamiento que mantienen el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de la estratégica región por el tráfico de migrantes, drogas y armas.
Sobre personas que hayan huido por la violencia, Luis Abarca del Comité Digna Ochoa, explicó que “es muy difícil determinar cifras, porque la gente no quiere dar testimonios”.
Sin embargo, aseguró que ha habido varios miles de desplazados en los últimos meses por la violencia en distintos puntos del estado.
Y recalcó que “Maravilla Tenejapa —donde ocurrió la emboscada a los uniformados— es zona delincuencial desde sus orígenes; ahí operaron grupos paramilitares y es muy complicado obtener información”.
Los pobladores suelen salir de sus casas cuando se intensifican los enfrentamientos para hospedarse con familiares hasta que la situación se tranquiliza.
Pero la tranquilidad parece cada vez más escasa en Chiapas.
Según explicó a AP una vecina de Las Nubes, el domingo “llegaron muchas personas huyendo” de la zona de los ataques, cercana a los límites con Guatemala.
La mujer, que pidió el anonimato por miedo y que se encuentra ahora en otro municipio, precisamente por seguridad, sigue en contacto con los familiares que permanecen en Las Nubes. Ellos le contaron que “dieron alojamiento y comida” a los desplazados y que “iban a tener reunión ejidal para tomar medidas y ver qué pueden hacer”.
El mismo domingo se inició una petición pública en Change.org, una plataforma virtual de solicitudes de ayuda, donde se denunció la huida de cientos de familias de una docena de comunidades del municipio.
Las cifras no han sido corroboradas por organizaciones independientes pero distintos colectivos de derechos humanos del estado llevan meses hablando de continuos desplazamientos forzados debido a la violencia vinculada al crimen organizado.
“Los grupos violentos vienen atacando a la población que ha tenido que refugiarse en comunidades de municipios cercanos”, dice el escrito de Change.org. “La situación es crítica, por lo que demandamos la ayuda y asistencia humanitaria a la brevedad. Exigimos que la seguridad pública, responsabilidad del Estado mexicano, se asegure de inmediato”.
El lunes, el centro ecoturístico de Las Nubes lanzó un comunicado anunciando su cierre temporal de su servicio de hospedaje, restaurante y actividades en la naturaleza por los problemas de seguridad.
Después de la emboscada a los militares, en otro extremo de Chiapas, hombres armados atacaron la base de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Mapastepec, en la costa, un punto de paso de miles de migrantes.
El pasado viernes había sido atacada una estación policial, con el resultado de un agente muerto y dos heridos en el municipio de Chiapa de Corzo. Además, continúa la búsqueda de 10 comerciantes guatemaltecos, entre ellos un menor de edad, desaparecidos en el municipio de Frontera Comalapa.
Los enfrentamientos entre los carteles se habían concentrado sobre todo en el área de Frontera Comalapa, punto de partida de una de las rutas más importantes para los distintos tráficos ilegales en el sur de México.
Sin embargo, ahora los choques armados entre los grupos criminales y en ocasiones con fuerzas de seguridad durante operativos se han extendido a otras localidades de la región.
Como muestra de la inquietud creciente que hay en la sociedad, una treintena de organizaciones ecologistas nacionales e internacionales cancelaron la entrega del Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca 2023 “debido a la actual situación de inseguridad en la región”, dijeron el lunes un comunicado.
“Comprendemos y compartimos la ”, señalaba la nota de prensa que confiaba en retomar la premiación “cuando las condiciones de seguridad permitan un evento que refleje la importancia y el respeto que merece la defensa del ambiente y las luchas sociales en Chiapas”.