Al menos 350 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guanajuato, serán dados de baja de la corporación.
Así lo determinó el nuevo gobierno municipal de Celaya, encabezado por el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez.
El alcalde, quien entró en funciones el pasado 10 de octubre, aseguró que esta decisión está sustentada en una petición que reiteradamente le hicieron los ciudadanos.
Los despedidos son elementos de la extinta Policía Federal que llegaron a Celaya desde hace seis años procedentes de varios estados del país; estos agentes se incorporaron en la Policía Municipal así como en Tránsito y Policía Vial.
Trabajaron de manera consecutiva durante dos administraciones municipales panistas, es decir, durante seis años. Tenían sueldos preferentes: cada elemento recibía alrededor 25 mil pesos mensuales.
Su salario contrastaba con lo que ganaba un policía municipal, cuyo ingreso mensual no rebasaba los 13 mil pesos. Ese fue el primer choque entre los federales y los policías locales.
El segundo choque fue cuando los federales se apoderaron de la Policía Municipal y comenzaron los despidos de los policías locales, a quienes se les señaló de estar en la nómina del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Los altos mandos, todos policías federales, exigieron, además de buenos sueldos, armamento sofisticado y patrullas de último modelo.
Todo eso se los concedieron los expresidentes municipales panistas Elvira Paniagua Rodríguez y Javier Mendoza Márquez, a cambio de que Celaya tuviera seguridad.
A su llegada, los policías federales dieron golpes certeros con la detención de algunos objetivos criminales generadores de violencia, pero también tuvieron bajas de varios altos mandos y de muchos de sus compañeros.
Tan sólo en 2023, al menos 22 policías de Celaya fueron asesinados, y en lo que va del año suman 18 los uniformados que han muerto baleados.
En los primeros días de septiembre de este año, el Ejército Mexicano tomó el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya con el pretexto de una revisión periódica sobre los permisos para la portación de armas.
A partir de eso, los policías federales fueron acuartelados en la Comandancia Norte de la Policía Municipal, y el Ejército y la Guardia Nacional salieron a patrullar en las calles del municipio.
Un día antes de dejar el cargo, el exalcalde Javier Mendoza dijo que las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no le habían informado si encontraron alguna irregularidad en la revisión del armamento.
El alcalde morenista dijo que le preguntó a la gente si quería que construyera canchas de usos múltiples, pero que los ciudadanos le dijeron que para qué querían canchas “si no podemos salir, a nuestros hijos cuando salen, los golpea la policía.
“Les preguntaba sobre la policía, no confían en la policía, pero principalmente no confían en los llamados fedepales (federales).
“Nosotros hemos determinado que todos los fedepales, sean buenos, sean malos, sean regulares, se vayan”, declaró el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez.
El alcalde dijo que con esta depuración de expolicías federales se busca acabar con la alta incidencia delictiva en Celaya.
Aseguró que los expolicías federales ya fueron notificados de su baja, y dijo que ahora van a contratar un despacho externo para que se encargue del finiquito de los elementos, para lo cual, se hará un desembolso de 30 millones de pesos del erario público.
El alcalde dijo que los expolicías federales han sido reemplazados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que ya vigilan la ciudad a través de células.
Aseguró que esta vigilancia federal no le costará ni un peso al Municipio de Celaya, porque el sueldo de los guardias nacionales y de los militares lo cubrirá el gobierno federal, según lo que negoció con mandos de instancias federales.