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Caso de Cecilia Monzón: Juez rechaza amparo de Javier ‘L’ para evadir el juicio oral

Javier ‘L’ enfrentará el juicio oral por ser el presunto autor intelectual del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, asesinada en 2022.

Homenaje a la abogada y activista Cecilia Monzón. El autor intelectual del feminicidio enfrentará juicio oral, determinó un juez este enero de 2025. (Cuartoscuro)

PUEBLA.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, desestimó el amparo solicitado por la defensa del exsecretario de gobernación Javier López Zavala, con el que se pretendía evadir el juicio oral por el asesinato de Cecilia Monzón.

La resolución, dictada en fase de revisión de amparo —que ha tardado dos meses en resolverse, además de otros siete meses en primera instancia—, será notificada al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla.

A partir de este fallo será el tribunal correspondiente el que proceda a cumplir con el auto de apertura de juicio oral sobre el feminicidio de Cecilia Monzón, el cual fue establecido desde agosto de 2023.

Así lo dio a conocer Helena Monzón, hermana de la víctima, quien a través de un video en redes sociales indicó que “ahora sí llegó la hora de la justicia” confiando en el trabajo que realizará la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.


Al permitirse el juicio oral la familia de Cecilia Monzón solicitará que se condene al acusado de ser autor intelectual del asesinato, así como a los dos acusados de ser autores materiales a cumplir 60 años de prisión cada uno, la cual es la pena máxima según el Código Penal del Estado de Puebla.

En junio de 2022, Silvestre ‘N’ fue detenido por ser el presunto autor material del asesinato de Monzón.

“Pese a la obstaculización procesal sufrida a lo largo del procedimiento del feminicidio, principalmente a manos de la defensa de Javier N., éste por fin enfrentará un juicio por presuntamente haber ordenado el brutal asesinato de Cecilia Monzón en mayo de 2022”, dijo la hermana de la víctima.

Subrayó que para alcanzar la condena pretendida, es necesario que la justicia del Estado de Puebla se comprometa a señalar lo antes posible el inicio de la etapa de juicio oral y que la Fiscalía realice un trabajo diligente hasta el final, con perspectiva de género.


“Toca a la Fiscalía hacer bien su trabajo, con garantías procesales y perspectiva de género”, dijo, además de sentenciar que la revictimización y la obstaculización procesal sufridas a manos de la defensa del acusado han quedado sobradamente evidenciadas a lo largo de estos casi tres años de procedimiento.

“Lo que corresponde al Poder Judicial del Estado de Puebla es actuar sin dilaciones para ofrecer una justicia que, a partir de ahora, sea pronta, rápida y expedita, aplicando perspectiva de género”, resaltó.

¿Quién fue Cecilia Monzón, abogada asesinada en 2022?

Cecilia Monzón fue una abogada y activista por los derechos de las mujeres. Fue asesinada el 21 de mayo en San Pedro Cholula, Puebla, durante un ataque directo donde recibió impactos de arma de fuego.

El ataque contra Monzón ocurrió por la mañana frente al fraccionamiento La Riviera, en la calle Camino Real a Momoxpan. La abogada fue emboscada por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon y huyeron.

Durante su carrera como abogada, Cecilia Monzón llevó diversos casos de mujeres víctimas de abuso y violencia familiar. Trabajó en la defensa de mujeres que peleaban por la custodia de sus hijos o por la pensión alimentaria.

Ella misma enfrentaba un proceso legal por pensión alimenticia en contra del exsecretario Javier López Zavala, con quien tuvo un hijo.

Monzón también fue candidata del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de San Pedro Cholula en 2018, y fue titular de Desarrollo Social en la administración de Luis Alberto Arriaga.

Luego del feminicidio, activistas promovieron la ‘Ley Monzón’ en el Congreso de Puebla, aprobada en marzo de 2023. Esta consiste en retirar la patria potestad de los hijos al padre cuando este incurra en el feminicidio de la madre, o en la tentativa de feminicidio, según el caso. La ley también contempla una pena de ocho años para funcionarios que entorpezcan investigaciones de este tipo.

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