Veracruz le ha dado a México un impresionante espectáculo turístico, los Voladores de Papantla. Cuatro hombres, cada uno suspendido sólo por una cuerda alrededor de un tobillo, descienden lentamente desde la punta de un tótem, cabeza abajo, dando vueltas, mientras los espectadores observan con el corazón en la boca.
La caída en desgracia de Javier Duarte, quien ha solicitado permiso de ausencia como gobernador de Veracruz para combatir las acusaciones de corrupción en su contra, ha sido un asunto igualmente lento, pero menos elegante.
Duarte, una figura prominente en el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha estado defendiendo durante meses contra acusaciones de soborno, incluso de que su gobierno desvió unos 950 millones de pesos (50 millones de dólares) mediante la adjudicación de contratos públicos a 131 compañías fantasma. De la misma forma que el público observa a los Voladores, los mexicanos esperan a ver si el Sr. Duarte finalmente caerá.
Los derechos partidistas de Duarte — una figura a quien alguna vez el presidente Enrique Peña Nieto alabó como parte de una "nueva generación. . . una renovación" del PRI — han sido suspendidos. Insiste que es inocente y que no tiene nada que ocultar, a pesar de que la procuraduría federal y la oficina de la agencia tributaria investigan un sinnúmero de denuncias, y los auditores del estado encontraron un faltante de 500 millones de dólares en las cuentas de Veracruz del año 2015.
Sin embargo, parece que no tiene motivos para temer un rápido juicio político por parte del Congreso: Duarte se encuentra al final de una cola de 352 investigaciones relacionadas con funcionarios que se remonta al año 2003, que se va procesando en orden cronológico. A los observadores se les puede perdonar el pensar que Duarte podría haber sido un jugoso chivo expiatorio para un gobierno que insiste en que toma en serio la erradicación de la corrupción y, especialmente, para un presidente cuya popularidad está mermando.
La detención de figuras previamente intocables, como exgobernadores, sería el mismo tipo de táctica de conmoción y pavor que la detención de la jefa del poderoso sindicato de maestros Elba Esther Gordillo, por cargos de corrupción, a inicios del mandato de Peña Nieto.
En cambio, la élite gobernante de México no parece nada dispuesta a desprenderse de sus viejos hábitos en un país donde incluso el presidente dice que la corrupción es cultural.
En un caso reciente, Ana Balderas, una alcaldesa de oposición, murmuró "pinche vieja" cuando una periodista la increpó sobre su ajuar de diseñador valuado en un millón de pesos (53 mil dólares) a pesar de que su sueldo mensual es de 3,800 dólares. Sus comentarios se volvieron virales en un país plagado de corrupción donde los medios sociales están surgiendo como un arma para obligar a los funcionarios electos a rendir cuentas. El nuevo jefe del PRI, Enrique Ochoa, se comprometió a luchar contra la corrupción, reconociendo que alimentó el descontento de los votantes que llevó a la derrota del partido en las elecciones de mitad de mandato, incluyendo las de Veracruz.
Pero los analistas políticos dicen que el gobierno se muestra mucho más entusiasta en cuanto a procesar las denuncias contra Guillermo Padrés, antiguo gobernador de Sonora, quien pertenece al opositor Partido de Acción Nacional, que en cuanto a procesar al Sr. Duarte o a otros tres exgobernadores priístas que están bajo escrutinio.
Y si el gobierno y el PRI son tan serios y comprometidos, ¿por qué entonces, se preguntan los analistas, el puesto de Secretario de la Función Pública todavía permanece vacante casi tres meses después de la salida de Virgilio Andrade, el aliado de Peña Nieto quien exoneró al presidente, su esposa y su ex Secretario de Hacienda de irregularidades cometidas en un escándalo de conflicto de intereses?
Además, nadie ha sido designado para el nuevo cargo de fiscal anticorrupción, uno de los pilares de un nuevo sistema nacional de lucha contra la corrupción.
"Ellos no parecen comprender el sentimiento de urgencia que la gente común tiene", dijo Juan Pardinas, director de IMCO, un grupo de estudio.
Una reacción popular contra la corrupción en la vecina Guatemala el año pasado derrocó al presidente Otto Pérez Molina y llevó a Jimmy Morales, un excomediante, a la presidencia bajo el lema "Ni corrupto, ni ladrón". Pero el hijo y el hermano de Morales están bajo investigación por presunta malversación de fondos del estado.
La corrupción, que durante mucho tiempo se ha tolerado en América Latina, ahora no es cosa de risa.
También te puede interesar:
Trump reanuda ataques e insultos
Brasil: de paria a uno de los emergentes favoritos
Donald Trump y la desprestigiada democracia de EU
Financial Times