Lo más probable es que Brasil tenga un nuevo jefe de Estado a finales de esta semana. Es casi seguro que el Senado iniciará el proceso judicial de destitución en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Michel Temer, el vicepresidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de la oposición, tomará su lugar como presidente interino.
Éste es un proceso muy controvertido, casi revolucionario. De hecho, Rousseff y sus defensores dentro del país y en el extranjero — como Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista del Reino Unido — lo han llamado un "golpe de Estado". Sin embargo, ésta no es la opinión mayoritaria ni en Brasil, ni en la región.
El 23 de abril, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) rechazó una moción, presentada por Venezuela y Bolivia, que habría "repudiado" el proceso de destitución de Brasil. Dos días más tarde, el parlamento que supervisa el bloque comercial Mercado Común del Sur (Mercosur) rechazó una moción similar. Hasta ahora, la mayor parte de Suramérica cree que el orden constitucional de Brasil está intacto.
Esto resume las ramificaciones internacionales inmediatas de la probable destitución de Rousseff. En Brasil, el Sr. Temer enfrenta cuatro abrumadores desafíos, aunque incluso éstos no son únicos. En un caso de experiencias paralelas de dos países que están lidiando con el final del superciclo de las materias primas y con el legado de más de una década de gobierno populista, Mauricio Macri, el nuevo presidente de Argentina, enfrenta problemas similares.
Al igual que Macri, el primer reto de Temer es recuperar la confianza de los inversores y estabilizar una economía seriamente afectada por la recesión. Para hacerlo, Temer ha comenzado a reunir un creíble equipo de asesores. Él ha circulado los nombres de Henrique Meirelles — un expresidente del Banco Central de Brasil — como posible candidato para ser el ministro de Finanzas, y el de Ilan Goldfajn — el respetado economista jefe de Itaú, el mayor banco de Suramérica — para encabezar el banco central.
Si ellos, o candidatos de un nivel similar, pueden inyectar una dosis de expectativas positivas en el maltratado sector privado brasileño, la economía, la cual pudiera haber tocado fondo, pudiera renacer con una nueva energía vital.
En segundo lugar, Temer necesita evitar una revuelta social mientras que implementa un impopular ajuste fiscal. Será necesario elevar los impuestos y recortar los costos con el fin de evitar que la deuda pública brasileña se eleve aún más. Esta tarea es difícil, pero no imposible. Y tampoco necesita ser regresiva. Un objetivo obvio para obtener ingresos adicionales son los dividendos, que actualmente las empresas privadas brasileñas pueden pagar a sus socios y propietarios libres de impuestos.
En tercer lugar, Temer tendrá la esperanza de evitar verse envuelto en el caso de corrupción de Petrobras. Este escándalo ya ha 'atrapado' a más de la mitad del Congreso — incluyendo al presidente de la cámara de diputados, Eduardo Cunha, quien desencadenó el proceso de juicio político — y no se sabe si el Sr. Temer puede enfrentar un destino similar.
La investigación de dos años está encabezada por un poder judicial casi fanáticamente independiente: la semana pasada, los fiscales federales presentaron una demanda por daños de 44 mil millones de dólares contra las compañías mineras Vale y BHP Billiton. Sin embargo, incluso la investigación de Petrobras no continuará eternamente. Sergio Moro, el juez que lidera el proceso, dijo el mes pasado que él espera que la investigación se cerrará alrededor de la Navidad.
Por último, el Sr. Temer necesita construir una mayoría en el Congreso. Aunque Temer es un astuto negociador, ésta es quizá su más difícil tarea, sobre todo porque el escándalo de corrupción de Petrobras ha fracturado al Congreso en innumerables remolinos de agitadas facciones, no sólo entre los partidos, sino también dentro de ellos.
Es una intimidante lista de tareas pendientes. Sin embargo, quizá el Sr. Temer pueda sentirse entusiasmado por la experiencia de Argentina. Cinco meses después de su elección a la presidencia, Macri — quien también carece de una mayoría en el Congreso — ha puesto en marcha un estricto programa de ajuste macroeconómico, pero sus índices de aprobación se mantienen por encima del 60 por ciento.
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