Recientemente, el INEGI acaba de publicar los resultados de la tercera edición de su Encuesta sobre el Impacto Económico generado por el Covid-19 en las Empresas del País, (ECOVID-IE) donde reporta que el 96.2 por ciento de las empresas encuestadas reportaron que no habían recibido apoyo alguno por parte del Gobierno Federal, para hacer frente a la Pandemia, estudio que se levantó durante el pasado mes de Marzo de este año.
De la información presentada, destaca que solo el 3.8 por ciento de las empresas ha recibido apoyo gubernamental, lo que equivale a unas 71,189 empresas, considerando que el universo que consigna el INEGI es de 1,873,564 establecimientos comerciales, cuando los informes oficiales del Gobierno federal, dan cuenta de millones de establecimientos beneficiados.
En efecto, revisando el reporte de las finanzas públicas al cierre del año pasado, la secretaría que más sobregiro presentó en su presupuesto, fue precisamente la Secretaría de Economía, ya que de un presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, de solo $4,657.0 millones de pesos, terminó gastando $39,675.9 millones de pesos, cantidad de dinero más de ocho veces y media superior al aprobado.
Es decir, tuvo un sobregiro de $35,018.9 millones de pesos, supuestamente explicado por los recursos asignados al apoyo financiero a empresas familiares, así como al programa de micro créditos para el bienestar.
Consultando la información oficial disponible, señala que se otorgaron un millón de apoyos de $25 mil pesos para mitigar los efectos negativos de la pandemia, apoyos que como es costumbre ya, los padrones correspondientes de beneficiarios son incompletos y deficientes, lo que dificulta la supervisión y la auditoría.
Revisando las modalidades de estos apoyos, queda claro no fueron precisamente “subsidios”, sino créditos a la palabra, los cuales deberán de ser reembolsados en un periodo de 3 años, otorgándoseles tres meses de gracia, es decir, en 33 pagos fijos a partir del mes 4, sin otorgar garantía alguna.
Por otro lado, de conformidad con los requisitos que estipuló la propia secretaría de economía, en el caso de los apoyos a pequeños empresarios, claramente se establecían tres requisitos, y eran que se debía tener registrado al personal en el IMSS, que estuvieran al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, y que no hubieran despedido personal, por lo que evidentemente, solo el sector formal de la economía, podía acceder a este apoyo.
Sin embargo, en el caso de trabajadores por cuenta propia, el programa incluía a trabajadores del hogar, y aquí sí no había ningún requisito ni condición alguna para obtener el apoyo, pues solo se debía proporcionar la CURP.
Suponiendo que en realidad efectivamente se otorgaron los $25 mil millones de pesos, correspondientes a un millón de apoyos, la encuesta del INEGI pone de manifiesto de que de este millón de apoyos, solo 71,189 fueron a empresas micro, pequeñas y medianas (Mipymes) es decir, solo el 7.1 por ciento.
Otorgando el beneficio de la duda, esto haría suponer que 928,811 apoyos de $25 mil pesos cada uno, se aplicaron a personas físicas, trabajadores por cuenta propia, sin que existan mayores datos al respecto.
A la fecha, no se ha publicado ningún reporte oficial que detalle los alcances que tuvieron estos apoyos, y mucho menos el reporte de la “cobranza” que se ha tenido, pero de que el dinero se gastó, se gastó.
Otra incógnita más que queda por resolver, es el destino de los $10,018.9 millones de pesos (adicionales a los $25 mil millones ya detallados), que se reportaron como sobre giro de gasto, al aprobado por los Diputados para 2020, ya que la secretaría de economía debe detallar y explicar, a qué programas se aplicaron estos más de diez mil millones de pesos, ya que no son cantidades menores, más cuando no se tienen reportados programas específicos de apoyo a la economía.
Para 2021, el presupuesto de egresos que le aprobaron a la secretaría de economía, ronda los $6 mil millones de pesos, mientras que el correspondiente al Ejército, supera los $126 mil millones de pesos, considerando ya el gasto incluido en el ramo 23, de previsiones salariales y económicas.
Están más que claras, la prioridades del gasto federal.