Usualmente, cuando los analistas financieros tocan el tema del endeudamiento público federal, los indicadores hacen énfasis en dos indicadores, el primero, es el saldo absoluto de lo que se debe, medido en pesos corrientes, y el segundo, el cociente de este saldo como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), y generalmente nunca se calcula este cociente pero como porcentaje de los ingresos propios gubernamentales, y más específicamente, de los ingresos de libre disposición.
La diferencia entre los ingresos propios y los de libre disposición, tiene que ver con compromisos de gasto establecidos en Ley, que obligan al Gobierno Federal a distribuir o transferir un porcentaje de algunos ingresos obtenidos, como es el caso de la Recaudación Federal Participable (principalmente impuestos federales) y transferirlos vía Participaciones a Estados y Municipios.
En este caso, la recaudación de impuestos se registra como un “ingreso propio”, sin embargo, no todo lo recaudado es ingreso de “libre disposición”, ya que el porcentaje transferido a los Estados se debe de restar para obtener el ingreso realmente disponible discrecionalmente.
De tal suerte, es más relevante para medir la salud financiera del Gobierno Federal, analizar el cociente de la Deuda como proporción de los ingresos de libre disposición, que como porcentaje del PIB, aunque sea este último indicador el que más se utilice en comparaciones internacionales.
Ahora, en cuanto al “Saldo” absoluto de la deuda pública, hay una verdad que usualmente no se comenta en los análisis financieros, y es que generalmente las deudas públicas en realidad NO se pagan, sino que se refinancian o se reestructuran con regularidad, y siempre se busca diferir su amortización NETA.
Obviamente que si se contrata deuda bancaria de corto o largo plazo, o se emiten certificados de la tesorería de la federación, ciertamente que esos pasivos se tienen que pagar, y así será, sin embargo, la práctica común es que se coloque más deuda, y con esos recursos frescos se amortice la deuda por vencer, y NO disminuye el saldo de la deuda, e incluso, siempre se coloca deuda adicional, (superior al saldo que se amortiza) para poder financiar el gasto neto aprobado por los Diputados.
Por ejemplo, para este año 2021, en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, se contemplan ingresos por financiamientos del orden de los $756.8 miles de millones de pesos, tan solo para sufragar el gasto Presupuestal aprobado de $6.3 Millones de millones de pesos, pero si consideramos que $38.6 miles de millones serán gastos que van a financiar los proveedores del gobierno, (que si bien son “pasivos” no se registran como “deuda”) la colocación NETA de deuda pública para financiar el PEF 2021 será de $718.2 miles de millones de pesos.
Si a estos requerimientos de deuda le sumamos el déficit “extra-presupuestal” que también debe ser financiado, se obtiene el verdadero requerimiento de más deuda neta que debe ser aprobada por el Congreso, el cual se detalla en el artículo 2 de la Ley de Ingresos, donde se detalla incluso por tipo de moneda, autorizando la mayor deuda, tanto en pesos, como en moneda extranjera.
Sumando todas las autorizaciones otorgadas por el Congreso para contratar más deuda pública federal, tanto en pesos como en moneda extranjera, el sector público aumentará el saldo de la deuda pública federal este año, en unos $867 mil millones de pesos, por lo que 14 centavos de cada peso que se va a gastar este año, provendrán de más deuda pública, la cual al cierre del año pasado, alcanzó ya los $12.4 millones de millones de pesos. ($11.4 al cierre de 2019).
Si vemos solo la deuda del Gobierno Federal, ésta sumó $9.7 millones de millones de pesos al cierre del año pasado, ($8.8 al cierre del 2019), donde el 77 por ciento corresponde a deuda interna, y solo el 23 por ciento a deuda externa.
Si bien la deuda total del gobierno federal representa el 42.2 por ciento del PIB al cierre del año pasado, si la medimos como porcentaje de los ingresos propios del Gobierno representa el 242 por ciento, es decir, se ocuparían casi dos años y medio de ingresos para pagarla, y 3 años si la medimos contra sus ingresos de libre disposición, ya libres de participaciones a Estados y Municipios.
Sin embargo, si consideramos que los intereses que generan esas deudas, tanto internos como externos, suman $458 mil millones de pesos, ya incluyendo los intereses y los gastos de la misma, (Ramo 24 presupuesta) se tiene que el servicio de la deuda del gobierno federal solo consume 11.5 centavos de cada peso de ingreso propio, y 14.3 centavos de cada peso de libre disposición.
Es decir, atendiendo al servicio de la deuda, el cual es ineludible y se debe sufragar religiosamente, (no así las amortizaciones de la deuda) se puede concluir que el Gobierno Federal aún tiene buen margen de maniobra para contratar más deuda pública, sin poner en riesgo la salud de sus finanzas.