En mi nota de la semana pasada, apuntaba que los últimos datos disponibles en materia de finanzas públicas estatales, eran al primer trimestre del año, y señalaba la caída, incluso en términos nominales, en la recaudación de impuestos, por lo que al día siguiente, en otro diario de la localidad, se incluía una nota cuyo encabezado decía que el Impuesto sobre Nóminas (ISN) “Salvaba las Finanzas de NL”.
Si bien es cierto que en particular la recaudación del ISN subió durante el primer trimestre del año, el incremento solo fue de 4.9 por ciento en términos nominales, porcentaje incluso por debajo de la inflación, y aportó solo $129 millones de pesos adicionales a las finanzas del estado, cifra sumamente modesta dentro del universo de más de $107 mil millones de pesos, pero bueno, mucha gente solo lee encabezados, y la nota cumple con su objetivo.
Siguiendo con la revisión de la cuenta pública del estado de Nuevo León, al primer trimestre del año, en síntesis, el mensaje es optimista, ya que no obstante la reducción en los ingresos totales del Estado, se pudo contener de manera importante el gasto, reduciéndose en unos 2 mil millones de pesos, por lo que se reporta un superávit en el flujo de efectivo, incluso superior al del año pasado.
Sin embargo, al analizar la estructura del gasto, para identificar los rubros donde se contuvo su ejecución, los subejercicios se concentran en Inversión Física, en Inversión Financiera, (con cero pesos erogados de un presupuesto superior a los mil millones de pesos), en menor Gasto Social (incluso en Salud) y hasta en menores pagos de pensiones, lo cual es difícil de explicar.
Es decir, el mejor resultado financiero al mes de marzo, proviene, en mayor medida, de subejercicios en el gasto de capital, y en menores transferencias para gasto social.
Sin embargo, al analizar el Balance presentado al 31 de Marzo de 2021, llama fuertemente la atención el incremento en los pasivos no bancarios de corto plazo que reportan nuestras autoridades, ya que para el cierre del primer trimestre alcanzaron la cifra de $11.3 miles de millones de pesos, cuando hace un año, su saldo era de solo $5.1 miles de millones de pesos, lo que representa un aumento de $6.2 miles de millones de pesos durante los últimos 12 meses, y de $3.1 miles de millones si lo comparamos con lo que se debía al cierre del año pasado.
Esto preocupa, porque ahí se registran los créditos de los proveedores del gobierno del estado, pasivos que NO computan para determinar los topes de endeudamiento que aprueba el Congreso, y que representan capital de trabajo de estos empresarios, por lo que retrasar estos pagos afecta de manera importante su economía, y dificulta salir con rapidez de la crisis económica originada por la emergencia sanitaria.
Por otro lado, considerando que el techo de la deuda aprobada por el Congreso Local, y sancionada por la Ley de Disciplina Financiera, no puede ser aumentado, luce difícil determinar de dónde van a salir los recursos para pagar estos pasivos de corto plazo, con vencimientos dentro de los siguientes doce meses.
Por ser año de cambio de gobierno, el actual régimen está imposibilitado para contratar deuda de corto plazo durante los últimos 3 meses de su gestión, además de que tiene que dejar saldados todos los pasivos bancarios de corto plazo, para que el nuevo gobierno entre sin deudas bancarias de corto plazo.
Es decir, al menos hasta principios de octubre de este año, simplemente no se puede acudir al expediente de contratar más deuda de corto plazo para pagarles a los proveedores, y ante la débil dinámica de los ingresos propios, la expectativa para estos pasivos, es de que incluso se incrementen.
Otros pasivos que no se identifican plenamente en estos estados financieros, y que incluso pueden ni siquiera estar incluidos, son los referentes a la pasada reforma a la Ley del ISSSTELEÓN, la cual le permitió al Gobierno del Estado disponer de los recursos de los burócratas que debían ser destinados a sus cuentas individuales para su ahorro para el retiro, y están siendo utilizados por el Gobierno para su gasto corriente, (lo cual incluso es ilegal) y le genera un pasivo, que incluso causa intereses, que debe ser debidamente registrado en su contabilidad, pero no se identifica en ninguna parte de esta cuenta pública.
Sería conveniente que la información financiera presentada fuera más transparente, y de manera explícita se incluyan estos ingresos que se están aplicando al gasto corriente gubernamental, y se revelen para conocimiento del público, así como del programa de repago que se contempla.
En resumen, el cierre de año luce complicado para nuestras autoridades, pero más para los proveedores del estado.
El autor es economista especialista en finanzas públicas, Socio Director de Econometría Aplicada SC, conferencista y catedrático a nivel doctorado.
