Adicional de la creencia de que si se dan de alta para estar en regla el estado los tendrá “amarrados”, las empresas no están en cumplimiento normativo ambiental por el alto costo de este trámite en el primer año, de 800 mil pesos, ubicando así a Nuevo León (NL) como el más caro del país.
Dicho monto se convierte en un impedimento para que empresas, principal pequeñas y medianas (PyMes) no cuenten con la Cédula de Operación Anual (COA).
Además, hay un elemento no equitativo en este cobro, ya que el estado lo aplica de manera pareja; es decir, sin tomar en cuenta el tamaño de la empresa, ya sea una compañía con mil o más trabajadores o una pequeña con 10 empleados, la cantidad a pagar es la misma.
“En otros estados en donde trabajamos como IPA en proyectos, arrancas con 50 mil pesos”, dijo Horacio Martínez, director del Instituto para la Protección Ambiental (IPA), organismo filial de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León.
Indicó que otros estados cobran de 20 mil a 50 mil pesos el primer año de la COA, e incluso, otras entidades no lo requieren a las empresas.
Martínez señaló que para el caso de Nuevo León, a partir del segundo año y en los subsecuentes, el cobro oscila entre 20 mil y 40 mil pesos.
Indicó que el gobierno local tiene conocimiento porque se han acercado por inspecciones, visitas, quejas y auditorías, qué de las 2 mil empresas de competencia estatal, únicamente alrededor de 320 entregan la COA.
Martínez consideró que sería bueno que el estado elimine ese cobro tan alto para que las empresas puedan estar en cumplimiento normativo ambiental, y a la vez conozca las emisiones, consumos de agua, descargas y si cuentan o no con procesos de seguridad industrial, de entes fabriles.
Agregó que si la autoridad quiere que las empresas estén en cumplimiento, podría comunicarles lo que hay detrás de ese cobro y, en lo posible, brindarles apoyos en otros rubros como el tributario.
Por su parte, Julio Martínez, gerente del IPA, dijo que desarrolladores de parques industriales han comentado que por el tema de impuestos ambientales la inversión destinada a este tipo de espacios está yéndose a otras entidades que no cobran esa contribución.
Finalmente, la autoridad de Nuevo León se dio cuenta que ese arancel está limitando la inversión en el estado, por lo que lo va a negociar, indicó Martínez.