En la edición anterior de esta columna hablé sobre la iniciativa de Ley de Ingresos para el presupuesto del 2023 en nuestro país; ahora hablaré sobre el proyecto de egresos. Al igual que en la proyección de ingresos, el monto presupuestado de egresos para el 2023 suma $8,299,647,800 millones de pesos (redondeando a $8.3 billones) De este monto podemos distinguir entre el Gasto Programable y el Gasto No Programable.
El gasto programable incluye las erogaciones de todos los ramos autónomos, como el poder legislativo, el judicial, el INE, CNDH, COFECE, la Fiscalía de la República, entre otros; así como los Ramos Administrativos que incluye a todo el Poder Ejecutivo desde la Presidencia de la República hasta la Secretaría de Cultura, pasando por Economía, Educación, Salud, Hacienda, Relaciones Exteriores, Turismo, etc. También en el Gasto Programable se incluyen algunos Ramos Generales como los son las Aportaciones a Seguridad Social, las Provisiones Salariales y las Aportaciones Federales (Ramo 33); y finalmente se incluyen los gastos de operación de las Empresas Productivas del Estado que son PEMEX y CFE.
Dentro de los Gastos No Programables, se encuentra principalmente las Participaciones a Entidades y Municipios (Ramo 28) así como la Deuda Pública y otros costos financieros tanto de PEMEX como de CFE. En otras palabras, el Gasto No Programable incluye partidas en las que el Gobierno Federal no tiene mucho control de su ejecución, pues la erogación final en el ejercicio presupuestal puede depender de factores cambiantes como son los ingresos fiscales, que dependen de la actividad económica e impactan directamente para el cálculo de las Participaciones a Entidades y Municipios (Ramo 28), así mismo están las tasas de interés internacionales que pueden variar y afectar el monto del pago del servicio de la Deuda Pública.
En resumen, en el presupuesto de egresos para el 2023, el Gobierno Federal tiene relativo control sobre $6 billones de pesos que integran los Gastos Programables. Ahora bien, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) en su documento “Implicaciones del Paquete Económicos 2023″ hace bien en enfatizar que el espacio fiscal para el 2023 que tendrá el gobierno federal es cada vez menor desde el 2021. Este espacio fiscal es la diferencia de descontar a los ingresos tributarios y no tributarios los gastos que forzosamente tendrá que hacer el gobierno federal, estos son: las Aportaciones y Participaciones a Entidades y Municipios (Ramos 28 y 33), las Pensiones, el gasto de las Entidades Productivas del Estado y de las Entidades bajo Control del Estado. De acuerdo con el CIEP estos gastos ineludibles suman $6.4 billones de pesos; es decir el monto disponible para ejecutar proyectos y programas de apoyo a la operación económica y social en el país sería un poco de más de $1.9 billones de pesos. Del total de egresos para el 2023, las Aportaciones a Seguridad Social se llevarán $1.24 billones de pesos (esto es el 15 por ciento del total), las Participaciones – ramo 28 – se llevará $1.22 billones de pesos (14.7 por ciento), el IMSS $1.17 billones de pesos (14 por ciento), las Aportaciones – ramo 33 – se llevará $924 mil millones (11 por ciento), el costo de la deuda pública se estima en $840 mil millones (10 por ciento), hasta aquí, todos estos gastos representan el 65 por ciento del total de egresos. Adicionalmente, PEMEX representa el 8.2 por ciento y CFE el 5.3 por ciento del total de egresos.
Con respecto al proyecto de presupuesto presentado ante el Congreso el año pasado, hay que destacar que la Secretaría de Turismo presenta un incremento del 122 por ciento respecto a dicho proyecto de presupuesto para el 2022, y el Gasto en la Deuda Pública presenta un incremento casi del 45 por ciento. La Secretaría del Bienestar igualmente presenta un incremento alto, con el 37.5 por ciento y la Secretaría de Gobernación tendría un incremento del 26 por ciento.
Si bien, esta administración federal ha mantenido un saldo de deuda pública saludable, podría ser preocupante que empiece a incrementar sus requerimientos financieros bajo premisas económicas poco sostenibles, como lo hemos comentado previamente en este espacio, y al mismo tiempo esté proyectando incrementos considerables en las cuentas de gasto social. Esto nos lleva a pensar que está preparando claramente el terreno para iniciar un proceso de campaña para el 2024 basada en un incremento sustancial de gasto social a través de los programas prioritarios de apoyo a jóvenes y a adultos mayores.
En resumen, por un lado creo que los criterios bajo los cuales se elaboró la proyección de ingresos son un poco optimistas, esto al considerar las presiones inflacionarias y la posibilidad de entrar a una nueva desaceleración económica; y por otro, creo que se está incrementando de manera poco sostenible el gasto social que produce clientelismo solamente útil para las elecciones, y se está limitando la inversión pública a los proyectos prioritarios como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y un aeropuerto que ha hecho poco por incrementar la oferta de vuelos en el país y que en su conjunto no están incentivando la inversión productiva apropiada para acelerar el crecimiento económico.