Evidentemente y por cuestiones políticas, nuestro actual gobierno siempre ha sido cuidadoso en tratar de no incrementar el déficit en las cuentas gubernamentales. Prueba de lo anterior, es que por tal motivo las principales calificadoras internacionales de riesgo han mantenido una calificación que nos permite como país sostener el grado de inversión y así poder retener todo el capital “golondrino” o “viajero” que se mantiene invertido a corto plazo en México.
Sin embargo, una cosa es mantener bajo control el déficit, y otra muy distinta la distribución eficaz y eficiente de todos los recursos con los que cuenta la actual administración de acuerdo con el presupuesto autorizado por el Poder Legislativo.
Prueba contundente de lo anterior, es la forma tan politizada en la que se están asignando estos recursos. Por ejemplo, una proporción importante está orientada al “gasto social” para, teóricamente, apoyar a la gente más necesitada, donde sin controles los apropiados se están distribuyendo cantidades muy importantes de dinero a habitantes que cuentan con un perfil socioeconómico que puede ser coaccionado fácilmente para fines electorales.
Por otro lado, con carácter prioritario, son asignados inmensos montos a los grandes proyectos estructurales del presidente. El Tren Maya, la Refinería de 2 Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles; son un claro ejemplo de la improvisación y de la falta de estudios de factibilidad que dimensionen su impacto económico, ambiental y social. Esto último, se ha manifestado a través de grandes dispendios sin ningún tipo de control y hoy están fuera de toda proporción en cuanto a su costo original.
Para cerrar con “broche de oro”, tenemos él obstinado abanderamiento de Pemex y de CFE como los pilares económico-gubernamentales que le permitirán al país, falazmente, entrar en una época de desarrollo sostenible en la denominada 4ª. Transformación. Cuando en realidad, ambas empresas paraestatales representan un verdadero “barril sin fondo” donde se están desperdiciando miles de millones de pesos.
¿Qué consecuencias tiene toda esta improvisación y desorden? Para empezar, el desmantelamiento sistemático de toda la estructura administrativa y de operación gubernamental por una mal entendida austeridad republicana, la cual está generando un nivel de parálisis parcial o total en importantes servicios que ofrece a la ciudadanía.
También, nuestros sistemas de salud prácticamente están saturados y en el caso del INSABI, totalmente desmantelado. Generando problemas sanitarios muy importantes para toda la población. Una prueba contundente, fue la mortandad el exceso registrado en las cifras del INEGI para el periodo de la contingencia sanitaria. Esto significó un aproximado de 700,000 personas que fallecieron por causa del COVID 19. A todo esto habría que agregarle un desabasto imprudencial de medicamentos, entre ellos, los que tienen que ver con enfermedades como el cáncer y de vacunas correspondientes al plan básico de vacunación infantil y para el COVID.
No quedó exenta de esta situación la educación pública, la cual se encuentra en un total abandono y sin la posibilidad de dar un mantenimiento adecuado a toda la infraestructura educativa ya instalada a nivel nacional.
Por obvias razones, no podemos dejar fuera a la seguridad. Siendo uno de los segmentos que han sido menos atendidos, con niveles de gasto por debajo del mínimo necesario para poder mantener una plataforma sólida de seguridad en el país. También fueron afectados los estados, mediante la disminución de sus participaciones, quedando claro que las policías locales no contarán con lo indispensable para desarrollar su función y por lo tanto podrán ser fácilmente víctimas de su involucramiento con el crimen organizado.
Este balance de todo lo delineado no sólo es negativo por su ineficiencia e ineficacia, si no por el inminente riesgo de que nuestro gobierno caiga en un nivel de insolvencia tal, que no le permita cumplir con sus principales compromisos. Ya que además de los básicos, están sus compromisos financieros derivados de la deuda pública interna e internacional, los cuales irremediablemente se ha venido incrementando significativamente durante los cuatro años del actual gobierno.
Todos estos síntomas junto con la inflación actual y la situación geopolítica prevaleciente a nivel mundial nos llevan irremediablemente a la certeza de qué entraremos a una crisis fiscal y económica en el mediano plazo. Algunos especialistas aseguran que se manifestará hasta después de las elecciones del 2024. Sin embargo, otro buen número, estiman que la realidad y el destino pudieran alcanzar a la actual administración antes de que entreguen el poder. Lo que es indudable es que estamos ante un escenario donde seremos testigos de la crónica de una crisis anunciada.
La autora es directora de la Carrera de Contador Publico y Finanzas del Tec de Monterrey.