La promesa del Presidente López Obrador, de NO aumentar la deuda pública durante su administración, se fue tamizando desde que la hizo por primera vez, para posteriormente aclarar que no la aumentaría, pero en términos reales, es decir, que aumentaría solo en el mismo porcentaje que la inflación, aunque finalmente aclararon que no aumentaría, pero como proporción del PIB, lo que le permitiría crecer en el mismo porcentaje que lo hiciera la economía.
Es decir, de mantener la deuda sin aumento en términos nominales, pasó a no aumentarla en términos reales, y finalmente a no aumentarla como porcentaje del PIB.
Un primer punto que es necesario aclarar, es que si bien la medición oficial del PIB es facultad del INEGI, en los informes al Congreso que realiza la SHCP, se aclara en notas de pie, que los datos en materia de PIB, provienen de “estimaciones propias” de la SHCP, sin que posteriormente se revisen estas estadísticas, en informes posteriores, utilizando los datos oficiales del INEGI.
Lo mismo pasa al deflactar cifras nominales, ya que aplican deflactores provenientes de “estimaciones propias” y no del INEGI, que si bien se puede justificar porque los datos oficiales del INEGI se generan y publican con relativo rezago, lo correcto sería solicitarle al INEGI sus estimaciones, y posteriormente ajustar las cifras una vez que se conozcan los datos definitivos.
Es decir, como la propia SHCP “estima” su deflactor y su PIB nominal, para elaborar sus estadísticas, es importante que los analistas económicos no los tomen como acto de fe, y procedan a analizarlos para determinar su razonabilidad, más cuando estos datos NO se reportan de manera explícita en sus documentos, y el rastreo debe hacerse manualmente.
Otro punto que es necesario aclarar, es que la SHCP reporta dos tipos de deuda, la “bruta” y la “neta”, lo que ya he abordado en notas anteriores, y el comentario a este respecto, es que la deuda “bruta” es la relevante, ya que la deuda “neta” corresponde a un concepto contable, más de “balance”, donde al saldo de lo que se debe, se le restan las disponibilidades financieras y en caja, y se determina así, la deuda “neta de disponibilidades”.
Esta deuda “neta” no corresponde al techo financiero autorizado por el Congreso para cada año, ya que el concepto de deuda “neta”, es neta de amortizaciones.
De hecho, el gobierno puede contratar cualquier cantidad de deuda, sin incumplir el mandato del Congreso, pero solo si la usa para amortizar deuda vieja, ya que esto NO aumenta el saldo adeudado, por lo que el techo de la deuda aplica al endeudamiento que se destina al gasto, el cual sí incrementa el saldo adeudado.
De tal suerte, para determinar el cumplimiento del techo financiero autorizado por el Congreso, se debe revisar el saldo de la deuda “bruta” que reporta Hacienda y no la deuda “neta”, que como vimos, NO corresponde al concepto legal.
Ahora, si revisamos como cerró la deuda del sector público presupuestal en 2018, el dato oficial consignado por la SHCP, es de $11,019.2 miles de millones de pesos (once billones de pesos) que representaban el 46.8% del PIB, mientras que la deuda total del Gobierno Federal se reportó en $8,315.9 miles de millones de pesos, equivalentes al 35.3% del PIB.
Con dato ya reportados al mes de noviembre, se estima que para el cierre de 2022, el saldo bruto de la deuda total del sector público presupuestal se ubicará por arriba de los $14.5 billones de pesos, lo que representará poco más del 50% del PIB, por lo que en los primeros cuatro meses de esta administración, la deuda del sector público presupuestal ya ha aumentado en $3.5 billones de pesos, y como proporción del PIB en 3.2 puntos.
Tan solo en 2022, el incremento en la colocación de nueva deuda, supera ya el billón de pesos, cantidad que rebasa al techo autorizado por el Congreso, y con la deuda ya autorizada para este año 2023, de $1.335 billones de pesos más, la deuda seguramente alcanzará los $16 billones para el cierre de este año, lo que representará un aumento de $5 billones de pesos, y cuatro puntos del PIB.
Para el cierre del sexenio, considerando los incrementos en partidas presupuestales como la pensión a adultos mayores, y el creciente pago de intereses, proveniente no solo de las mayores tasas de interés, sino de los crecientes saldos de la deuda, que harán que para este año su costo supere el billón de pesos, el déficit gubernamental seguirá creciendo.
De tal suerte, la promesa de no aumentar la deuda gubernamental, terminará el sexenio con un incremento en el saldo total superior a los $6 billones de pesos (más del 50% de la deuda heredada) que equivalen a unos 5 puntos del PIB.