Seguramente para varios lectores sea conocida la problemática ambiental de la zona metropolitana de Monterrey y que ha ido en aumento. Concretamente, temas como la calidad del aire y la disponibilidad de agua se vuelven prioritarios.
Simplemente para abrir polémica, resultaría interesante conocer si las enfermedades respiratorias de la región reportan un alza, aunque quizá sea difícil saberlo con precisión por la entrada del COVID.
Como mitigante de este tipo de riesgos ambientales, el Estado de Nuevo León implementó los llamados impuestos verdes a comienzos del año pasado. De hecho, este medio informativo publicó una columna de Verónica Rangel, en la que explicaba en qué consistía esta medida (véase: https://bit.ly/3wtC2D9).
Entre otros aspectos, la nota referida hacia mención que el impuesto sería aplicable a empresas dedicadas a la extracción de materiales pétreos, así como por la emisión de contaminantes en la atmósfera, agua, subsuelo y/o suelo.
Más allá de discutir la base impositiva aplicable y su reciente reducción, particularmente para un giro específico de empresas, me pregunto qué se ha hecho con los recursos recaudados de este joven impuesto. En lo personal desconozco la respuesta, pero ojalá usted tenga mejor información que un servidor.
Respecto al tema de la inflación, este se ha vuelto relevante, más aún con el dato de antier y que sobrepasó las expectativas para una primera quincena de enero, al ubicarse en 7.94% en términos anuales, dato no visto desde 2001.
En este orden de ideas, es común observar que, ante la imposición de algún impuesto, las empresas trasladen dicha carga fiscal al consumidor final con la intención de no mermar sus márgenes financieros. Precisamente, este hecho puede causar un impacto al alza sobre los precios de ciertos productos.
Con lo anterior en mente me pregunto cómo nivelar la contaminación, los impuestos verdes y la inflación. En palabras coloquiales, hacia dónde mover la cobija sin que uno de los factores quede destapado.
¡Difícil decisión! Obviamente, siempre habrá voces muy respetables a favor y en contra, pero considero que lo más importante es encontrar un equilibrio.
Por un lado, entiendo la queja de los empresarios cada vez que se impone un nuevo impuesto. Sin embargo, cuantos justos por pecadores están pagando las consecuencias de la problemática ambiental.
Simplemente, que tan frecuente es observar el emblemático Cerro de la Silla sin contaminación, o bien recordemos los casos de tomas clandestinas de agua que se encontraron en la más reciente sequía.
En lo personal, más que una cuestión recaudatoria, veo una gran oportunidad para extraer información de los contribuyentes de forma no invasiva y poder generar información inteligente. Por ejemplo, conocer el número de unidades de una flotilla y su antigüedad.
Me queda claro que este tipo de asuntos siempre generaran disputas y ojalá se encuentre una solución en común y seguir siendo punta de lanza. De hecho, no descarto que este tipo de políticas públicas sea uno de los argumentos utilizados para convencer a empresas del extranjero a ubicarse en la región. ¿Usted que opina?
El autor es economista por el Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey) con máster en finanzas y administración, ambos grados por EGADE. Actualmente es Director de Estudios Económicos y Relación con Inversionistas de Grupo Unicco, aunque las opiniones aquí plasmadas son a título personal.