Monterrey

Sara Lozano: Justicia, ciudadanía y el sistema electoral

En la proclama #YoDefiendoMiVoto debería atenderse también las afectaciones del Plan B al TEPJF que anticipa el magistrado Felipe De La Mata.

Yo iba a escribir sobre otra cosa, pero salió el tuit del magistrado Felipe de la Mata @fdelamatap y se me fue la idea. Cito:

“El miércoles (hoy) se discutirá una iniciativa de reforma constitucional que limita las atribuciones del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). Impone reserva de ley para las acciones afirmativas, paridad y para los asuntos internos de los partidos políticos.”

El sistema electoral mexicano se conforma de tres instituciones a nivel nacional –además de los partidos políticos–, dos evidentemente fuertes –el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF– y aunque han diferido en un montón de cosas, no han perdido la mirada conjunta para 1) garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía y en consecuencia 2) ser progresistas en la interpretación de estos derechos ampliando así la representación política en el país y su calidad.

Con la atención puesta en la defensa del INE, se ha desdibujado el papel estructural que ha jugado el TEPJF en la fortaleza del sistema. Ambas instituciones difieren, debaten, discuten, pero no bajan la calidad argumentativa de sus posturas en sus diferendos. Al final, el INE acata lo que dicte el TEPJF, pero de que se escuchan, se escuchan.

En la proclama #YoDefiendoMiVoto debería atenderse también las afectaciones del Plan B al TEPJF que hoy anuncia el magistrado De La Mata. Y son dos alertas: las acciones afirmativas que se implementan por principio constitucional, la paridad, y los asuntos internos de los partidos políticos.

La paridad es un principio constitucional y las acciones afirmativas son los catalizadores para normalizar algo novedoso. Vea las películas series de los 80′s y la cantidad de cigarros que fuman en espacios cerrados y se dará cuenta que las acciones afirmativas contra el tabaco han tenido éxito. Igual pasa con la inclusión constitucional de mujeres y grupos originarios, hoy no es normal, pero deberá serlo en algunos años. Reservas a las acciones afirmativas vigentes exitosas es un retroceso y es contrario a los Derechos Humanos.

Al tratarse de una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada (2/3 partes de los votos) y los grupos parlamentarios con compromiso ciudadano pueden detenerla como hicieron con la reforma que pretendió aprobarse en diciembre pasado. La alerta que se (me) enciende es la ‘organización interna de los partidos políticos’. Ahí puede haber intereses de élites políticas que no abonan al fortalecimiento de las instituciones que –dicho varias veces en esta columna– son la pata coja del sistema electoral mexicano.

Así que la mentada iniciativa que no afecta al INE si debilitaría al sistema electoral: 1) a la representación plural y 2) al fortalecimiento de las instituciones partidistas. Esto debe estar en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil mexicana aliadas en #Unid@s y de cualquiera que haya despertado su activismo ciudadano.

Y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así responde la Ministra Norma Piña a los embates discursivos del Poder Ejecutivo: 1) presenta la estrategia de comunicación accesible a la ciudadanía y 2) abre el portal https://www.scjn.gob.mx/rpe/ con información sobre las controversias y acciones de inconstitucionalidad de las reformas pretendidas a través del Plan B.

Si esto se usa, la agenda ciudadanía tiene con qué seguir ejerciendo su soberanía y se abona el terreno para que las elecciones sigan siendo legales y legítimas.

PDTA: felicidades a la ciudadanía regia que marchó el domingo pasado para exigir aire limpio en la ciudad, hay que marcarle el ritmo a los posts del gober. De eso iba a escribir.

Sara Lozano

Sara Lozano

Colaboradora en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y profesora en el Tec de Monterrey de Ciudadanía y Democracia. Integrante fundadora de Ellas ABP coordinadora de programas por la prevención de la violencia laboral y económica contra las mujeres.

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