Con la reciente aprobación por parte del Congreso de la Ciudad de México de la Ley de Economía Circular el 14 de febrero, se ha visualizado la importancia de contar con un marco legal que regule distintas actividades que conforman un nuevo modelo de producción y consumo que aproveche mejor los recursos.
La CDMX fue la primera entidad en promover este nuevo modelo en ley basándose en objetivos, definiciones, principios, enfoques e instrumentos con miras a que la industria produzca de manera sostenible, minimice el impacto al medio ambiente, fomente la reutilización y revalorización de productos/materiales creando encadenamiento productivo y generando empleos verdes. Lo anterior bajo la permanente coordinación entre gobierno, empresas y sociedad.
Cabe señalar que Quintana Roo, Querétaro y Baja California han legislado en materia de economía circular, pero dentro de sus leyes sobre residuos. Al respecto, previo a la creación de 32 leyes o reformas estatales que regulen este tema es fundamental que se tenga un marco legal de aplicación nacional.
En ese sentido, destaca que desde noviembre de 2021 se encuentran dos proyectos legislativos pendientes de discusión y aprobación por parte de la Cámara de Diputados, mismos que tuvieron origen en el Senado. Se trata de la nueva Ley General de Economía Circular (LGEC) y la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) en materia de regulación de plásticos de un solo uso.
No podemos dejar del lado que como antecedente se dio la firma del Acuerdo por una Nueva Economía del Plástico suscrito en diciembre 2019 entre la iniciativa privada y el Senado, instrumento donde se contemplaron distintas acciones y se logró un común acuerdo para impulsar la legislación referida. Sin embargo, a pesar de que la iniciativa privada ha cumplido el acuerdo y cada año reporta sus resultados se mantiene el estancamiento legislativo.
Al momento, no ha faltado diálogo de todos los sectores con el Congreso de la Unión, ya que tanto el Senado y la Cámara de Diputados han tenido espacios de Parlamento Abierto para escuchar a expertos e interesados en el tema. Precisamente, en abril de 2022 se iniciaron las audiencias públicas organizadas por las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Cámara de Diputados, instancias donde hoy se tiene pendiente dictaminar ambos proyectos.
Sabemos que ambas propuestas de legislativas son sólidas y tienen un consenso entre la industria, la sociedad civil y un nutrido grupo de legisladores, por lo que lograr su aprobación nos permitirá tener certidumbre jurídica para que gobierno, empresas y sociedad transitemos hacia modelos sostenibles que respondan a las necesidades actuales y que contrarreste los daños ambientales que sufrimos desde hace décadas.
Por lo anterior, vemos con optimismo la histórica reunión de las Mesas Directivas de ambas Cámaras del pasado 16 de febrero en donde el Senador Armando Armenta y el Diputado Santiago Creel, acordaron abatir el rezago legislativo, ejercicio que se reforzó en una segunda reunión el pasado 8 de marzo. Puntualmente, hicieron mención de la minuta de la Ley General de Economía Circular como parte de las 38 disposiciones a concluir el proceso legislativo en Cámara de Diputados, aunque sabemos deberá volver al Senado con modificaciones para su aprobación final.
Definitivamente, un cambio de esta magnitud requiere de reglas claras para modificar hábitos de consumo, innovar en procesos de producción, invertir en transformación de sectores e infraestructura pública y privada, por mencionar algunos. Es por ello que la certeza jurídica es crucial para transitar a la obligada sostenibilidad que cuide el equilibrio económico, ambiental y social con visión a las nuevas generaciones y como parte de un modelo de desarrollo inclusivo.
El autor es Consejero Delegado en materia de economía circular de la Coparmex Nacaional y Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Canacintra.
