Una de las políticas públicas más importantes impulsadas desde el gobierno estatal ha sido el impulso a la educación, en particular en su componente de primera infancia.
La educación en la primera infancia emerge como un elemento crucial para el desarrollo integral de los individuos y, a su vez, desempeña un papel fundamental en los aspectos económicos y sociales de cualquier sociedad. En esta columna reflexionaremos sobre la relevancia de la educación en la primera infancia desde perspectivas económicas y sociales, destacando su impacto transformador en el bienestar colectivo.
Como lo han demostrado múltiples estudios académicos, entre los que podemos destacar los realizados por James Heckman (Premio Nobel, 2001), desde el punto de vista económico, invertir en la educación durante los primeros años de vida de un niño se traduce en beneficios a largo plazo para la sociedad en su conjunto. Numerosas investigaciones han demostrado que los programas de educación temprana contribuyen a un aumento significativo en la productividad laboral y la competitividad económica en el largo plazo. Los niños que reciben una educación de calidad en la primera infancia tienen mayores probabilidades de alcanzar niveles educativos más altos en etapas posteriores de sus vidas, lo que se traduce en una fuerza laboral más capacitada y adaptada a las demandas del mercado.
Pensando más en un corto plazo, diversos estudios académicos usando los datos del informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA) realizados en conjunto con Sara N. Cortez (Facultad de Ciencias Biológicas, UANL) han demostrado la eficacia de la educación preescolar en promover mejores condiciones académicas para los estudiantes mexicanos. En dichos estudios, se puede demostrar que el acceso a preescolar permitie reducir las brechas en el aprendizaje de matemáticas y lectura existentes entre programas de escuelas públicas y privadas, o entre distintos niveles de ingreso, siendo estos efectos incluso comparables a los que se tienen a nivel internacional en los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además de lo anterior, la educación en la primera infancia fomenta la igualdad de oportunidades. Al proporcionar a todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico, un acceso equitativo a experiencias educativas en los primeros años de vida, se sientan las bases para reducir las disparidades sociales. Esto no solo contribuye a una sociedad más justa, sino que también aumenta el capital humano disponible, ya que se aprovecha el potencial de todos los individuos, independientemente de sus circunstancias iniciales.
Desde la perspectiva social, la educación en la primera infancia desempeña un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Estos años formativos son críticos para el establecimiento de habilidades sociales, emocionales y cognitivas fundamentales que influyen en el comportamiento y la adaptabilidad de los individuos a lo largo de sus vidas. La educación temprana contribuye a la formación de ciudadanos informados, capaces de contribuir activamente al tejido social y cultural de su comunidad.
También, la educación en la primera infancia tiene un impacto positivo en la salud y el bienestar a lo largo de la vida. Se ha demostrado que los niños que reciben una educación de calidad en sus primeros años tienen menos probabilidades de enfrentar problemas de salud, conductuales y sociales en etapas posteriores de sus vidas. Esto no solo beneficia a los individuos, sino que también reduce la carga económica y social asociada con problemas de salud y delincuencia.
En conclusión, la educación en la primera infancia emerge como una inversión estratégica que no solo mejora las perspectivas individuales, sino que también genera impactos positivos significativos en los aspectos económicos y sociales de una sociedad. Al priorizar la educación temprana, se construye un fundamento sólido para el desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo. La inversión educativa en los primeros años de vida es, por lo tanto, esencial para construir un futuro próspero y equitativo para las generaciones venideras. Su impulso como política pública debe ser ajeno al partido político de procedencia de quien ejerza un cargo popular o a los ciclos electorales, y debe constituir un eje sobre el cual se diseñe un programa completo de desarrollo social integral.