Han pasado las elecciones de este año y la inobjetable victoria en urnas de la candidata Claudia Sheimbaum y de la coalición de partidos en torno a su figura ha sido motivo de análisis y debate en todos los medios nacionales e internacionales. Con este voto mayoritario, que no solo ganó la presidencia sino que de manera abrumadora obtiene una mayoría en el congreso además de consolidar su posicionamiento en la capital y ganar nuevos estados a su causa política, el presidente Lopez Obrador busca un último grupo de reformas que consoliden su visión de país. Entre estas reformas, una que destaca por la falta de análisis profundo de sus implicaciones, pero la prisa con la que se está impulsando, es la propuesta para someter a votación los puestos ocupados en cargos judiciales, lo cual es motivo de reflexión en la presente columna.
Al margen de los enormes costos económicos y de la carga sobre las delicadas finanzas públicas que implicaría abrir los procesos electorales al sistema judicial, someter a votación pública la elección de jueces en un país como México presenta varias potenciales amenazas que podrían afectar la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial.
Primero, la elección de jueces a través de votaciones populares podría aumentar la influencia de partidos políticos o las agendas de otros grupos de interés en el sistema judicial. Los jueces podrían sentirse presionados a alinearse con los intereses de quienes los apoyan para asegurar su elección o una potencial reelección en caso de permitirse.
Por otra parte, se abre la posibilidad a que los candidatos a jueces hagan campañas para buscar la aprobación del electorado, lo que podría implicar alianzas con partidos políticos y donantes, comprometiendo su independencia.
Otro potencial peligro es que los jueces elegidos por votación pública podrían sentirse obligados a tomar decisiones que sean populares entre el electorado, en lugar de procurar aquellas que estén basadas en la ley y la justicia. Esto podría llevar a decisiones judiciales que buscan agradar a la mayoría en lugar de proteger los derechos individuales y las garantías constitucionales, cayendo en un peligroso potencial “populismo judicial”.
Además de lo anterior, los jueces, al ser ahora figuras públicas, podrían ser influenciados por la cobertura mediática y la opinión pública, lo que puede afectar su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones.
Por otra parte, los votantes podrían no tener suficiente información o criterio para evaluar adecuadamente las capacidades y experiencia de los candidatos a jueces. Las elecciones judiciales podrían convertirse en una cuestión de popularidad en lugar de la competencia profesional que debería regir en puestos tan importantes en el proceso de impartición de justicia.
Como sucede en las elecciones a cargos públicos actuales, el uso de las redes sociales y las campañas de desinformación podrían manipular al electorado, llevando a la elección de jueces menos cualificados o más susceptibles a la influencia política o de otro grupos de interés.
Por otra parte, si el público percibe que los jueces son influenciados por factores políticos o económicos, la confianza en el sistema judicial puede deteriorarse. La percepción de que la justicia está politizada puede llevar a una falta de confianza en la imparcialidad y eficacia de los tribunales.
Finalmente, en un país con grandes disparidades económicas y educativas regionales como México, las elecciones judiciales podrían exacervar estas desigualdades con algunas regiones eligiendo jueces de acuerdo a criterios muy distintos debido a diferencias en acceso a la información, nivel de educación o prioridades públicas por encima del interés nacional y el apego a la ley.
La historia y la evidencia de naciones prósperas demuestran que la división de poderes y la exitencia de contrapesos son fundamentales en una sociedad democrática, permitiendo en el caso del poder judicial, la procuración de justicia en estricto apego a la ley, de forma imparcial y expedita. Esto último es fundamental para garantizar la transparencia en la impartición de justicia y la rendición de cuentas, ejes sobre los que se construye un estado de derecho.
Sin un estado de derecho fuerte que garantice mecanimos sociales imparciales y sólidos de impartición de justicia y rendición de cuentas, se tensa y pone en riesgo aún más el delicado tejido social sobre el que se construye nuestra sociedad, y del cual pende cada decisión que da sustento a nuestra economía.