En el tema de la reforma judicial, el debate se ha dado por la forma en que los legisladores cambiaron la Constitución, además de que la están modificando a cada rato, lo cual genera incertidumbre que ha estado afectando mucho al país en cuestiones de inversión extranjera y nacional.
“Se está a la espera de ver que más van hacer, y se está a la expectativa de la reacción de los socios comerciales de México en el T-MEC, y también de la Unión Europea”, dijo Jorge Arrambide Montemayor, socio senior en Santos Elizondo.
El especialista jurídico recordó que no se trata sólo de la reforma al Poder Judicial Federal, sino al Poder Judicial de México, por lo que incluye a los estados.
Asimismo, hay más de 500 resoluciones incidentales de suspensiones de amparo que han dicho ´paren todo´ y no se ha detenido el avance de la reforma, señaló Arrambide en la conferencia La Reforma Judicial: Estatus y Consecuencia, que dictó en la reunión mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Indicó que al modificar los artículos 116 y 122 de la Constitución, los jueces y magistrados estatales van a ser electos por el voto popular, lo que traerá cambios en los procesos judiciales.
Arrambide señaló que esos cambios están orillando ya a muchos abogados a no dejar en manos de un juez el caso de una disputa comercial y están optando a resolverlo mediante el arbitraje, como es en el caso de grandes contratos relacionados a la cuestión energética.
“Algo (el arbitraje) que a veces antes poníamos de vez en cuando dependiendo el tipo del caso, porque es caro, puede ser más rápido, pero si mucho más caro que llevarlo en juzgados”, indicó.
Otro tema en el que se debe poner una mayor atención, es el cambio del artículo 17 sobre el plazo para la resolución de asuntos en materia fiscal.
Ahora, un asunto nuevo que atienda un juez en donde el SAT impone un crédito fiscal a una empresa o a un particular y éste presenta una demanda, el juez tiene 6 meses para resolver el caso, explicó.
Eso hará que el juez se enfoque en ese caso fiscal y desatiendo otros asuntos de distinta índole hasta en tanto no quede resuelto.
Pero, además, el plazo se puede alargar, porque el caso se puede ir a un tribunal colegiado se podría esperar que esta instancia también tenga 6 meses para resolverlo, advirtió el especialista legal.
“El poder ejecutivo no quiere tener tanto tiempo (como antes) litigando casos porque requiere dinero, es decir, es un tema de necesidad de recursos”, refirió.