Agradezco a El Financiero la oportunidad que me brinda en este espacio para aportar algunas ideas, propuestas y planteamientos sobre la situación actual que se vive en torno a los derechos humanos en Nuevo León.
En principio, me permito comentar que en nuestra entidad, el papel del ombudsman —o defensor del pueblo— debería ser sinónimo de esperanza y justicia.
Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha quedado atrapada en un sistema ineficaz, debilitado por presupuestos limitados, una falta de seguimiento adecuado y la incapacidad para prevenir las violaciones sistemáticas que afectan a los sectores más vulnerables.
Y es que en realidad la CEDHNL enfrenta varios desafíos que afectan su capacidad para proteger y promover los derechos humanos en la región.
A continuación, se presentan algunos de los problemas de mayor relevancia y urgencia:
Recursos Limitados: La CEDHNL a menudo carece de los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva.
Esto incluye tanto recursos financieros como humanos, lo que limita su capacidad para investigar denuncias y proporcionar asistencia a las víctimas.
Transparencia y Rendición de Cuentas: A pesar de sus esfuerzos por ser transparente, la CEDHNL ha sido criticada por la falta de rendición de cuentas en algunos casos.
Esto ha generado desconfianza entre la ciudadanía y ha dificultado la cooperación con otras instituciones.
Acceso a la Justicia: Muchas personas en Nuevo León y en otras entidades enfrentan dificultades para acceder a la justicia debido a la lentitud y complejidad del sistema judicial.
La CEDHNL ha trabajado para abordar estos problemas, pero aún queda mucho por hacer.
Violencia y Corrupción: La violencia y la corrupción en la región también afectan la capacidad de la CEDHNL para cumplir con su misión.
Los funcionarios de derechos humanos a menudo enfrentan amenazas y presiones que dificultan su trabajo.
Educación y Sensibilización: La falta de educación y sensibilización sobre los derechos humanos entre la población también es un desafío.
La CEDHNL ha implementado programas de educación, pero la necesidad de una mayor concienciación sigue siendo evidente.
Si no se transforma su estructura y enfoque, la Comisión seguirá siendo un espectador de la injusticia en lugar de un agente de cambio.
Las problemáticas que enfrenta la Comisión son evidentes. La facilidad con la que se cometen abusos de autoridad, la impunidad que reina en el nuevo sistema de justicia penal y la creciente incidencia de la delincuencia organizada son síntomas de un sistema que protege más a las instituciones que a las personas.
Grupos como los migrantes, las comunidades indígenas, las mujeres en situación de violencia y los menores de edad no solo enfrentan agresiones, sino también la indiferencia de un sistema incapaz de garantizar justicia pronta y expedita. Por si fuera poco, la contaminación ambiental y la falta de acceso a servicios básicos amplían la brecha de desigualdad, dejando a miles sin oportunidades para mejorar su calidad de vida.
A pesar de estos retos, la Comisión tiene áreas de oportunidad claras: fortalecer la prevención de violaciones de derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia y promover políticas públicas inclusivas. Sin embargo, estos esfuerzos requerirán más que voluntad; será necesaria una inversión decidida, transparencia en su ejecución y una participación ciudadana activa.
En resumen, aunque la CEDHNL ha logrado avances significativos en la protección de los derechos humanos en Nuevo León, aún enfrenta numerosos desafíos que requieren una atención continua y un compromiso renovado por parte de todas las partes interesadas.
Es crucial que se fortalezcan los recursos y se mejore la transparencia para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera plena y efectiva.
Pero en realidad concluyo que la CEDHNL está en deuda con los ciudadanos de Nuevo León y para que recupere su legitimidad, debe actuar como un verdadero defensor del pueblo, exigiendo a las autoridades su cumplimiento y dejando de ser cómplice pasivo de la impunidad.
La justicia y los derechos humanos no pueden seguir siendo promesas vacías; es hora de convertirlos en realidades tangibles.
El autor es abogado postulante con 30 años titulado, y 35 de experiencia profesional, titular del bufete jurídico Theriot y Asociados, ex catedrático de la facultad de derecho de la UANL, exfuncionario público en la CEDHNL y Registro Civil, humanista y defensor.