El gobierno de la presidenta Sheinbaum establece cuatro pilares en los que dice que fundamenta el proyecto de presupuesto para el 2025. En el documento “Criterios Generales de Política Económica para el 2025” (CGPE) la nueva administración federal enfatiza que promoverá (1) el bienestar social con equidad, (2) la inversión pública estratégica, (3) la disciplina fiscal con austeridad republicana, y (4) medidas de simplificación con mayor eficacia operacional.
En términos generales es la continuidad de la estrategia presupuestal de la administración de López Obrador.
Sin embargo, respecto a la inversión estratégica, se destaca la intención de incrementar la inversión para expandir la cobertura ferroviaria, la modernización de puertos y su capacidad logística; al menos en papel, estos podrían ser buenos proyectos para fortalecer la capacidad productiva del país, y creo que podrían ser inversiones que generen un efecto multiplicador.
Pero para conocer la realidad de las intenciones en términos de política pública hay que analizar la distribución de los recursos; las prioridades serán aquellas a las que verdaderamente les pongan dinero, todo lo demás será demagogia.
El presupuesto federal propuesto para el 2025 contempla un gasto de $9,302,015,800,000 de pesos. En números redondos podríamos decir que son $9.302 billones de pesos para ahorrarnos ceros y letras.
Esto representa un 2.6 por ciento de incremento respecto al presupuesto aprobado para el 2024. En realidad, no es un incremento sustancial, pues el presupuesto del 2024 tuvo un incremento del 9 por ciento respecto al 2023, pero creo que había incentivos electorales que motivaron ese incremento para este último año.
El reto que tiene la nueva administración de Claudia Sheinbaum es reducir el déficit público para reducir el endeudamiento, por lo que está presentando un presupuesto razonablemente conservador.
Pero si analizamos hacia dentro de las cuentas del presupuesto federal se distingue la SEDATU con un incremento presupuestal del 195 por ciento y la SCT con un incremento del 79 por ciento. Y aún y cuando se desea mantener a raya la deuda pública, esta presenta un incremento del 12.4 por ciento respecto al presupuesto del 2024.
Ahora bien, prácticamente el 80 por ciento del presupuesto se distribuye en 7 cuentas, estas son: aportaciones a seguridad social (ramo 19), IMSS, el ramo 28 que son las participaciones a estados y municipios, la deuda pública, el ramo 33 que son las aportaciones federales a entidades y municipios, la Secretaría del Bienestar y el ISSSTE.
Específicamente la Secretaría del Bienestar se lleva casi $580 mil millones de pesos en este presupuesto para el 2025, esto es el 6.2 por ciento del presupuesto total. De este presupuesto de la Secretaría del Bienestar se destina el 83 por ciento en las pensiones para adultos mayores que suman $482.2 mil millones de pesos.
Este monto tuvo un crecimiento del 4 por ciento respecto al año pasado, y seguirá subiendo a través del tiempo. El gasto en programas sociales y en seguridad social seguirá creciendo y este será la principal presión para las finanzas públicas en los siguientes años.
Sobre los proyectos prioritarios de inversión, se destaca un total de $189 mil millones de pesos en el documento de CGPE 2025, que son prácticamente un 20 por ciento menor que en el 2024.
Esto puede ser explicable por el hecho de que los proyectos macro de López Obrador ya no recibirán la misma inyección de recursos; por ejemplo, se está presupuestando solamente $40 mil millones de pesos para el Tren Maya para el 2025, mientras que para el 2024 se presupuestaron $120,000 millones de pesos. Lo destacable es que las inversiones prioritarias son apenas el 32.5 por ciento del presupuesto de la Secretaría del bienestar.
Sobre los gastos presupuestados yo diría que se ven conservadores, pero me preocupan dos cosas, una, la capacidad operativa de algunas dependencias que han venido sufriendo ya reducciones en el sexenio pasado y que por lo tanto no se logre la supuesta eficiencia operativa que es uno de los pilares estratégicos para este presupuesto; y dos, que la inversión en proyectos productivos es realmente baja en relación con el gasto social en transferencias.
Por el lado de los ingresos, la propuesta de Ley de Ingresos para el 2025 estima que los ingresos tributarios crecerán un 7.2 por ciento.
Especialmente el ISR se espera que tenga un crecimiento del 5.5 por ciento al pasar de $2.71 a $2.86 billones de pesos. Y se espera que el IVA tenga un crecimiento del 10 por ciento, al pasar de $1.33 a $1.46 billones de pesos. Estos dos impuestos hacen el 46.5 por ciento de los ingresos esperados para el gobierno federal, por ello son los más relevantes.
La otra cuenta de ingresos que vale la pena comentar ahora es el incremento esperado en los ingresos de PEMEX, que serían un 15.7 por ciento por encima de lo estimado para el 2024; esto es $860.9 mil millones de pesos contra $744.3 mil millones de pesos del 2024.
Sobre las estimaciones de ingresos puedo decir que las veo muy optimistas y poco realistas. Principalmente porque los criterios o supuestos con los que se elaboró este presupuesto de ingresos y egresos considera que la economía mexicana crezca, en el 2025, entre el 2 y el 3 por ciento.
Todos los pronósticos nacionales e internacionales estiman que el crecimiento de la economía mexicana será quizá del 2 por ciento; es decir, el crecimiento del PIB estaría en la banda baja del crecimiento esperado oficial, lo que pone en riesgo principalmente los ingresos tributarios pues el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado dependen sustancialmente de la actividad económica formal.
Adicionalmente, la estimación de ingresos de PEMEX está basada en el supuesto de que se produzcan 1.89 millones de barriles de petróleo al día, pero de acuerdo con datos del Observatorio PEMEX al tercer trimestre del 2024, de BBVA Research, se estima que la producción diaria trimestral es menor a 1.8 millones de barriles en lo que va de este año.
En conclusión, creo que los cuatro pilares en los que se basa la estrategia del presupuesto para el 2025 del primero año de gobierno de Claudia Sheinbaum es una continuidad optimista del sexenio de López Obrador.
Con un ligero énfasis hacia el apuntalamiento del sector energético con una apuesta en la sostenibilidad, misma que no será posible si no reactivan la posibilidad de mayor inversión privada, tanto en energías renovables como en fuentes tradicionales que mucha falta hace para evitar el desmoronamiento de PEMEX.
Lo que me llama la atención favorablemente es la intención de invertir en los puertos y en la infraestructura de comunicación que podría contribuir a la productividad industrial; pero ya veremos si estas buenas intenciones se logran en el siguiente año.
