El pasado 3 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para fortalecer la protección a la salud, incluyendo la prohibición del uso y comercialización de vapeadores. Con 327 votos a favor y 118 en contra, la decisión ha encendido un debate polarizado entre defensores de la medida y quienes abogan por una regulación más matizada.
Esta resolución contrasta con las peticiones de más de 600 médicos mexicanos, quienes habían instado al gobierno a regular los vapeadores como una herramienta potencial para reducir el daño asociado al tabaquismo. Sin embargo, sus argumentos fueron desestimados en favor de una prohibición total.
Números que preocupan
A pesar de las campañas contra el tabaquismo, los datos oficiales muestran que 17 millones de adultos en México son fumadores, mientras que el 4.6% de los adolescentes también reporta serlo. En el caso del vapeo, 5 millones de adultos han probado cigarrillos electrónicos, y 3 millones los usan con regularidad, pese a las restricciones ya existentes.
El pulso de la opinión pública
Una encuesta realizada por El Financiero en la plataforma X reunió más de mil respuestas, revelando una amplia oposición a la prohibición. Solo el 14.9% de los encuestados respaldó la medida, mientras que el 80.5% abogó por una regulación similar a la del tabaco y el alcohol.
El escepticismo también es notable respecto al impacto de esta medida en la protección de menores: apenas un 10.4% considera que será efectiva, frente a un 87.4% que cree que los riesgos persistirán.
Prohibición vs. regulación
La conversación no termina aquí. Este lunes, se lanzó una segunda encuesta para explorar las implicaciones de la prohibición en el mercado negro y en quienes recurren al vapeo como una alternativa para dejar de fumar. Los resultados serán publicados en las próximas ediciones impresa y digital.
Mientras tanto, las opiniones siguen divididas. Aunque el gobierno defiende esta acción como un hito en la promoción de la salud pública, especialistas y ciudadanos cuestionan si una estrategia de regulación no sería más efectiva para abordar los riesgos asociados al vapeo y equilibrar sus potenciales beneficios.
En México, el debate sobre los vapeadores no se limita al ámbito legislativo. Está en juego la búsqueda de un balance entre la salud pública y las libertades individuales, en un contexto donde el consumo de nicotina continúa evolucionando.
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