El Gobierno del presidente Joe Biden comenzó el miércoles a revertir una serie de prohibiciones de la era Trump sobre el aborto, entre ellas una directriz que sacó a Planned Parenthood del programa federal de planificación familiar y creó nuevas complicaciones para las mujeres interesadas en abortar.
Planned Parenthood es una organización de clínicas comunitarias en Estados Unidos que proporcionan información y asistencia para el control de natalidad y el aborto, enfermedades de transmisión sexual y asuntos relacionados. Debido a la naturaleza de su trabajo de planificación familiar y salud reproductiva, la organización fue atacada por grupos opositores al aborto, que pedían que el Gobierno le retirara financiación.
Algunas prohibiciones de la era Trump entorpecían el llamado proceso de derivación para abortos, que consiste en proporcionar información sobre las opciones de tratamiento y poner en contacto a una paciente que necesita asistencia para aborto con un centro que le preste ese servicio.
Una nueva regla propuesta por el Departamento de Salud y Servicios Humanos cumple una promesa de campaña de Biden de revertir la política de planificación familiar de su predecesor, calificada de “mordaza” por grupos feministas y lamentada por asociaciones médicas por violar las relaciones médico-paciente.
La política de Trump de 2019 “abandonó un enfoque centrado en el cliente, pese a las objeciones de todas las organizaciones médicas importantes y sin una razón compensatoria de salud pública”, escribió el Departamento de Salud en la propuesta de Biden. “Ese enfoque no puede ser armonizado con los principios aceptados de salud pública”.
Sin embargo, el Gobierno de Biden no suspendió la regulación de Trump, un paso adicional que querían algunos defensores del derecho al aborto. La política de Trump seguirá en vigencia hasta que sea reemplazada por la regla de Biden, un proceso que puede tomar meses. Funcionarios del Gobierno dijeron que ejercer control ahora aumentará las probabilidades de que los cambios sean ratificados por las cortes.
El programa federal de planificación familiar, conocido como Title X, ha estado en vigencia durante decenios. Provee unos 286 millones de dólares anuales en subsidios para clínicas que sirven mayormente a mujeres de bajos ingresos.
Esas clínicas, que ofrecen control de natalidad y servicios básicos de salud, como pruebas de cáncer, han sido vapuleados por las batallas ideológicas de la era Trump y por el impacto de la pandemia de coronavirus sobre los proveedores de atención médica. Antes de salir de programa en 2019, Planned Parenthood y sus afiliados atendían a 40 por ciento de los pacientes.
Aunque bajo la ley los fondos federales de planificación familiar no podían ser usados para pagar por la realización de abortos, los religiosos conservadores han calificado el programa como un subsidio indirecto a Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos en el país. El entonces presidente Trump contaba con los religiosos conservadores como parte vital de su base política y accedió a sus demandas sobre una serie de asuntos sobre las mujeres.
El Gobierno de Trump requería que las clínicas financiadas federalmente se separaran financiera y físicamente de las instalaciones que practicaran abortos. También se suponía que las mujeres embarazadas debían ser canalizadas con especialistas para recibir asesoramiento prenatal aunque no lo quisieran.