Argentina se convirtió el jueves en el segundo país de la región en establecer por ley un cupo laboral en la administración pública nacional para personas travestis, transexuales y transgénero así como también incentivos para su contratación en el sector privado.
Uruguay fue precursor en la materia con la sanción de una normativa similar en 2018.
Con 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, el Senado argentino sancionó la ley por la cual el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los ministerios públicos, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales, empresas y sociedades del Estado, debe “ocupar en una proporción no inferior al 1 por ciento la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
No hay cifras oficiales sobre la comunidad trans en Argentina ya que no fue incluida en el último censo de 2010. Organizaciones LGBT+ estiman que hay entre 12 mil y 13 mil adultos transgénero en una población nacional que supera los 44 millones.
Según la comunidad LGBT+, 95 por ciento no accede al empleo registrado y cerca de 60 por ciento no finalizó los estudios secundarios.
“Estamos dando un paso histórico para reparar la desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto de las personas travestis, transexuales y transgénero, para que puedan participar del desarrollo social y económico en igualdad de condiciones, oportunidades y trato, sin violencias ni discriminaciones”, destacó la senadora oficialista Norma Durango, impulsora de la iniciativa.
La educación incompleta y los antecedentes penales “que resulten irrelevantes” no podrán ser impedimento para los aspirantes al puesto laboral, según la norma.
La ley además estableció incentivos para que el sector privado contrate a personas travestis, transexuales y transgénero tales como prioridad en las compras del Estado y beneficios fiscales.
La ONG Instituto de políticas públicas LGBT+ celebró la aprobación de la ley como “un paso muy importante en materia de inclusión para el colectivo travesti trans”, pero advirtió que “no es suficiente ni protege a todas las franjas etáreas ni personas trans contra la exclusión”.
“Las respuestas parciales nunca pueden dar resultados de escala y que transformen realmente las realidades de uno de los colectivos más excluidos de nuestro país y de la región”, concluyó.