El asediado y multimillonario presidente de Chile tiene enfrente otro desafío a unos meses de finalizar su mandato: investigaciones penales relacionadas con la venta, hace más de una década, de una participación que su familia tenía en un proyecto minero.
El fiscal nacional anunció este viernes que investigará a Sebastián Piñera por presuntos sobornos o delitos tributarios después de que una filtración masiva de documentos legales conocida como Pandora Papers revelara un contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas que se relaciona con la venta en 2010 de una participación en el proyecto de mineral de hierro Dominga, por parte de la familia de Piñera.
El documento incluye una cláusula de que un pago pendiente dependería de que los alrededores del proyecto no tuvieran ningún cambio de zonificación, como ser incluido en una reserva natural. El proyecto está cerca de una isla que alberga una rara especie de pingüino, así como poblaciones de ballenas, por lo que los ambientalistas han presionado durante años para declararla área protegida.
A principios de esta semana, Piñera dijo que en 2009 transfirió la administración de sus inversiones a un fideicomiso ciego, antes de su primer mandato como presidente de 2010 a 2014. También dijo que no se le informó de la venta, y agregó que en 2017 fue absuelto por el mismo caso.
“El contrato suscrito en las Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir que es un antecedente nuevo”, dijo la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción, Marta Herrera.
El viernes temprano, un tribunal en Santiago dijo que admitiría un caso penal separado contra Piñera.
Los índices de aprobación de Piñera cayeron después de que su Gobierno de centroderecha quedara en la línea de fuego de uno de los mayores movimientos de protesta desde el regreso del país a la democracia. La popularidad del candidato de la coalición de Gobierno, Sebastián Sichel, también ha caído en las últimas semanas.