La oposición de centroizquierda de Chile fracasó este martes en su intento de lograr los votos oficialistas que necesitaba para aprobar en el Senado un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera.
La oposición necesitaba 29 de los 43 votos del Senado para remover al mandatario, pero como solo tiene 24, era imprescindible que obtuviera cinco sufragios del oficialismo de centroderecha. Aunque la votación aún no concluye, ya votaron 15 de los 19 legisladores gobiernistas, lo que hace imposible que llegue a los 29.
El fracaso del juicio político contra Piñera se esperaba porque era muy improbable que cinco oficialistas aprobaran accionar contra el presidente, al que la oposición acusa de favorecer la venta de una propiedad familiar durante su primer mandato.
La crucial sesión se produce a solo cinco días de que los chilenos acudan a las urnas para elegir presidente para el período 2022-2026. Al término de su mandato el 11 de marzo de 2022, será Piñera quien entregue los símbolos del poder al ganador de los comicios presidenciales.
El mandatario sigue en funciones tras la admisión del juicio político por la Cámara de Diputados hace una semana, y solo tiene prohibido salir de Chile. Cuando se formalice el rechazo del juicio político, su arraigo será levantado.
Las acusaciones contra él son “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación” y se votarán por separado.
El voto que selló la caída del juicio político contra Piñera, que impidió a la oposición obtener los cinco sufragios oficialistas, fue de la senadora conservadora Luz Ebensperger, quien que rechazó las dos acusaciones.
La legisladora dijo que no basta con hacer una acusación, “hay que probarlo”.
En el momento en que se tornó imposible que la oposición lograra los dos tercios, el abogado defensor de Piñera, Jorge Gálvez, y el ministro de la Presidencia, Juan José Ossa, se pararon a darle la mano a la legisladora.
La senadora Isabel Allende, hija del expresidente socialista Salvador Allende, derrocado por los militares en 1973, fue la octava en intervenir ante el Pleno y respaldó ambos cargos, luego de señalar que “los presidentes deben terminar sus mandatos, pero este es un caso distinto”.
Algunos senadores no usaron su tiempo, mientras que el oficialista Juan José Ossandón fue el único que se ha abstenido hasta el momento. Afirmó que en la acusación contra Piñera “me encontré solo con presunciones”. Agregó que “estoy no para medir intenciones, si no para analizar hechos. La acusación no tiene a mi juicio ningún sustento probatorio”. Ossandón ha mantenido múltiples diferencias con el mandatario, en público y privado.
El Senado sesionará hasta que la acusación sea votada por todos los legisladores.
Así inició la sesión
La sesión partió este martes temprano con la intervención de tres diputados acusadores sobre los fundamentos que llevaron a la Cámara de Diputados a admitir hace una semana el juicio por 78 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones, y siguió con la presentación de los descargos de Piñera por intermedio de su abogado.
Los diputados argumentaron que Piñera favoreció la venta de un proyecto minero y portuario familiar, pactada en un paraíso fiscal para eludir impuestos, afectando el principio de probidad y que se dañó gravemente el prestigio de Chile.
El abogado defensor Jorge Gálvez alegó que Piñera “goza de una inocencia judicialmente establecida” tras una indagación judicial de 2017 que incluyó la revisión de mil 800 correos electrónicos, que lo sobreseyó tras concluir que no intervino ni usó información privilegiada en la transacción de 2010.
Agregó que la venta del negocio familiar fue hecha por una sociedad en la que los hijos del gobernante tenían una participación “no controladora”, que los hechos están prescritos y que Piñera se enteró de la transacción luego de finalizado su mandato, en 2014.
La Constitución establece que un gobernante puede ser enjuiciado políticamente durante su gestión y hasta seis meses después de concluido su término.
La acusación fue presentada en octubre por 16 diputados opositores luego de los conocidos los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional sobre negociados en paraísos fiscales que incluían un contrato de diciembre de 2010 sobre la venta de un negocio minero y portuario de sus hijos que condicionaba uno de los pagos a que en la zona en que se instalaría la empresa no fuera declarada de exclusión, parque o reserva nacional. Cuatro meses antes Piñera reubicó una termoeléctrica que se levantaría en el mismo lugar.
Por los mismos hechos, la Fiscalía Nacional abrió una investigación penal para indagar si las revelaciones de los Papeles de Pandora “pudieran revertir caracteres de delito” relacionados con cohecho, soborno o infracciones tributarias.
Este es el segundo juicio que enfrenta Piñera durante su segundo mandato (2018-2022). El primero fue a fines de 2019 y no llegó a tramitarse por no reunir los requisitos necesarios, según la mayoría de los diputados.