El Tribunal Constitucional peruano aprobó el jueves un recurso legal que permite dejar en libertad al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción.
La votación a favor de un hábeas corpus restituye un indulto humanitario otorgado en la navidad de 2017 concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, indicó a The Associated Press un funcionario del Tribunal que pidió el anonimato por no tener autorización a dar declaraciones.
El hábeas corpus, que protege de vulneraciones a los derechos constitucionales, entre ellos el de la libertad, anuló una resolución de 2018 de la Corte Suprema que había dejado sin efecto el indulto otorgado por Kuczynski. Tras obtener el indulto de 2017, Fujimori vivió casi un año en una casa ubicada en un barrio residencial de Lima. Volvió a prisión en octubre de 2018.
La decisión permitirá liberar a Fujimori —de 83 años y quien gobernó entre 1990 y 2000— y acortar una sentencia que iba a culminar el 10 de febrero de 2032.
Las matanzas en Perú
Fujimori fue condenado en 2009 por su autoría mediata en dos matanzas ejecutadas por un escuadrón militar que combatía con métodos de guerra sucia al grupo terrorista Sendero Luminoso. La primera ocurrió el 3 de noviembre de 1991 en una zona cercana a la plaza de Armas de Lima, en un barrio pobre llamado Barrios Altos. Los militares encapuchados ingresaron a una fiesta y mataron a 15 vecinos. El diario local Ojo tituló en su portada: “Ni niño escondido se salvó de la matanza”, en referencia a Javier Ríos, un menor de ocho años perseguido en la fiesta y acribillado.
La segunda matanza fue en julio de 1992, cuando los mismos militares secuestraron y asesinaron a nueve universitarios y un catedrático de una universidad que forma profesores conocida como La Cantuta. Los forenses indicaron que los jóvenes fueron torturados, recibieron un tiro en la nuca, sus cadáveres fueron quemados y ocultados en fosas comunes. El grupo militar clandestino funcionaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura y era financiado por la gestión de Fujimori.
El presidente Pedro Castillo dijo en su cuenta de Twitter que “los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito”, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrán proteger el derecho de los familiares de las víctimas, quienes podrán apelar a esas instancias.
Por otra parte, el primer ministro Aníbal Torres añadió que la decisión “perjudica” a Perú, aunque acatarán el fallo. “¿Dónde quedan las familias de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta? Delitos gravísimos. Los secuestraron, los quemaron vivos, los descuartizaron y los enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza ha sido sancionado el señor Fujimori”, dijo el primer ministro a la radio local RPP.
Luego comentó a la radio local Exitosa que el Tribunal “se convierte en adalid de la impunidad de los grandes delincuentes y evidencia que en Perú tienen derechos fundamentales los más avezados criminales”.