Ojo por ojo: Presidente de El Salvador lanza advertencia a las pandillas y exhibe a detenidos

Sin margen de acción. Así pretende dejar a las pandillas salvadoreñas el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, quien este lunes dio un ultimátum y lanzo serias advertencias a los delincuentes, responsables de 87 homicidios en tres días, a quienes les dejó en claro que aumentarán los castigos para los más de 16 mil pandilleros que están presos.

Bukele informó que a los presos les decomisaron hasta las colchonetas para dormir, les han racionalizado la comida y no les permitirán ver los rayos del sol. “Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”, escribió el mandatario en Twitter.

Por otra parte, en otro mensaje, Bukele calificó de “idiotas” a los presuntos pandilleros que han resultado lesionados por enfrentarse a las fuerzas de seguridad.

Luego de recibir críticas de algunos organismos defensores de derechos humanos, el presidente de El Salvador arremetió contras sus críticos, a los que calificó como defensores de asesinos y los acusó de disfrutar los baños de sangre.

Asimismo, Bukele se lanzó contra la comunidad internacional, a la que le informó “Tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria’. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos ‘violando sus derechos’”.

También criticó a la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las que señaló de haber patrocinado la tregua que habría permitido a las pandillas fortalecerse, acumular recursos, dinero, armas y entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños.

Medidas extremas

El estado de excepción, solicitado por el presidente y aprobado por el Congreso, limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona detenida a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como a la asistencia de un abogado en el proceso. Además amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

La suspensión de garantías constitucionales no afecta a la libertad de expresión o libre circulación. La medida durará 30 días, aunque se podrá extender por otro mes si continúan las circunstancias que la motivaron.

Con información de AP