La organización humanitaria Cristosal informó este jueves que durante los primeros 30 días de régimen de excepción en El Salvador ha registrados al menos 147 detenciones arbitrarias, además de “tratos crueles” e “inhumanos”.
“Los sistemas de Monitoreo y de Protección de Derechos Humanos de Cristosal han identificado diversos patrones de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades policiales, militares y del sistema de justicia durante el régimen de excepción”, indicó en un comunicado.
Precisó que, además de las 147 denuncias de detenciones injustificadas, se han identificado “tratos crueles, inhumanos, degradantes y reiteradas violaciones a las garantías judiciales mínimas en los procesos iniciados”.
Además, reporta unas cinco personas fallecidas bajo custodia de las autoridades, según reportes retomados de la prensa local.
El Salvador cumple este miércoles 30 días bajo régimen de excepción, que fue aprobado el 27 de marzo por la Asamblea Legislativa tras una escalda de violencia que en tres días se cobró la vida de 87 personas.
Los legisladores, sin pedir informes al Gobierno ni estudiar la solicitud, ampliaron la suspensión de derechos constitucionales hasta finales de mayo.
Bajo este régimen están suspendidos los derechos constitucionales de defensa, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones sin autorización judicial, además de las libertades de asociación y reunión.
También, la detención administrativa de 3 días se extiende a un plazo máximo de 15 días.
Según Cristosal, que atiende a víctimas de desplazamiento forzado generado por la violencia, el régimen de excepción y su ampliación “no están acordes con la Constitución”.
“Este es un mecanismo excepcional que debe ser usado en situaciones extremas y en forma temporal. Usarlo para enfrentar alzas de homicidios -que son graves pero coyunturales- es abusar de este mecanismo”, indicó.
La entidad no gubernamental agregó que esto quedó en “evidencia, pues a esta fecha el número de homicidios es bajo, sin embargo, las autoridades mantienen el mismo motivo para justificar la prórroga”.
A juicio de Cristosal, la aprobación del régimen de excepción y su prórroga “han vulnerado también las obligaciones establecidas en tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
También “han supuesto el incumplimiento de obligaciones del Estado de El Salvador de evitar capturas arbitrarias” y de “respetar las garantías judiciales mínimas que consagran estos tratados”.
En el marco de este régimen, el Congreso aprobó reformas para endurecer las penas contra pandilleros, juzgar a menores de edad como adultos y castigar con prisión “cualquier manifestación” escrita que aluda al “control territorial” de las pandillas.
Estas dos últimas medidas han levantado las alarmas entre defensores de derechos humanos salvadoreños e internacionales, mientras que Amnistía Internacional (AI) ha catalogado la situación como una “tormenta perfecta” contra los derechos.