El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, informó el martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas en respuesta a las críticas que Estados Unidos ha realizado sobre su decisión de reelegir a la fiscala general, Consuelo Porras, a la que señalan de falta de compromiso en el combate a la corrupción.
Giammattei anunció su negativa a asistir a la cumbre durante un evento en la embajada de México en Guatemala, donde dijo que había compartido con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, una decisión que en pocos días “causaría revuelo”.
“Iba a causar revuelo, especialmente en un país, y gracias a Dios tenemos a México de por medio... Si no me van a invitar a la cumbre, de todos modos ya les mandé a decir que no voy a ir”, afirmó el presidente.
Giammattei dijo a la concurrencia del evento en la sede diplomática que “que a este país se le respeta, se le respeta la soberanía”, dijo.
El martes en conferencia de prensa, Ned Price, vocero del Departamento de Estado estadounidense, dijo que la reelección de Porras es “un paso atrás para la democracia” de Guatemala.
A su vez Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado, anunció que ampliaría sanciones que ya pesaban contra Porras por “obstaculizar” la lucha anticorrupción en su país y socavar la democracia. El Ministerio Público le respondió que “es una institución autónoma” y “no acepta ningún tipo de intervención ni presión”.
Porras ha despertado polémica porque durante su gestión más 20 operadores de justicia —algunos jueces y fiscales— se han exiliado porque se consideran perseguidos por supuestas fallas en las investigaciones anticorrupción que realizaban.
No solo Washington ha levantado la voz en protesta: también la Unión Europea hizo lo suyo y dijo que la decisión genera preocupación sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas de combatir a la corrupción y proteger la independencia del poder judicial.
“Bajo la supervisión de esta Fiscal General, el Ministerio Público ha iniciado acciones legales contra varios jueces, abogados y fiscales independientes que participan en la investigación de casos de corrupción de alto nivel. Esto ha resultado en sus arrestos y la pérdida de su inmunidad judicial”, explicó el portavoz de la UE, Peter Stano, en un comunicado de prensa.
El portavoz aseguró que las acciones forman parte de “un patrón más amplio de intimidación y acoso que ha llevado a más de 20 operadores de justicia a abandonar el país”.
Tiziano Breda, analista del Crisis Group cree el gobierno guatemalteco midió, con otros problemas que ya suceden en la región del triángulo norte de Centroamérica, como la estirante relación con El Salvador, las consecuencias de reelegir a Porras, “Por lo tanto calculó que los costos no vayan más allá de declaraciones, sanciones individuales”.
“Habrá que ver si Estados Unidos responde de manera diferente a lo que han hecho. El mensaje que lanza el gobierno guatemalteco a nivel internacional es que cualquier presión u opinión que se hace, tiene tiene poca relevancia frente a mantener y fortalecer el estatus quo”, dijo Breda. “Las advertencias de EE. UU. no detendrá los retrocesos en la lucha contra la corrupción, ya que se percibe que el costo de hacerlo es soportable”.
En septiembre de 2021, Washington sancionó a Porras y a su secretario general, Ángel Pineda, y los incluyó en una lista de actores corruptos y antidemocráticos prohibiéndoles la entrada a ese país debido a la destitución de Juan Francisco Sandoval, un fiscal anticorrupción guatemalteco de renombre internacional.
Tras la decisión de Giammattei de mantenerla en el puesto, Estados Unidos determinó que habría nuevas sanciones para ella.
La Cumbre de las Américas se realizará en junio en Los Ángeles.