Una línea principal de la investigación policial sobre la desaparición de un periodista británico y un experto indígena en la Amazonía apunta a una red internacional que paga a pescadores pobres para que faenen de forma ilegal en el segundo territorio indígena más grande de Brasil, según las autoridades.
El periodista independiente Dom Phillips y el funcionario indígena Bruno Pereira fueron vistos por última vez el domingo pasado cerca del Territorio Indígena Valle de Javari, en una zona del tamaño de Portugal que hace frontera con Perú y Colombia. Los dos estaban en la comunidad de Sao Rafael. Iban a regresar en bote a la cercana ciudad de Atalia do Norte, pero nunca llegaron.
Tras un lento inicio, se ha movilizado al ejército, la marina, la defensa civil, la policía estatal y voluntarios indígenas en la búsqueda. La policía federal dijo el sábado que analizaba unos restos humanos encontrados el día anterior en la zona donde desaparecieron. No se proporcionaron más detalles.
La trama está gestionada por empresarios locales que pagan a pescadores para que entren en el Valle de Javari, pesquen y les entreguen las capturas. Uno de los objetivos más preciados es el pez de agua dulce con escamas más grande del mundo, el arapaima. Pesa hasta 200 kilos (440 libras) y puede alcanzar los 3 metros (10 pies). El pez se vende en ciudades cercanas como Leticia, en Colombia; Tabatinga, en Brasil, e Iquitos, en Perú.
El único sospechoso de las desapariciones es el pescador Amarildo da Costa de Oliveira, también conocido como Pelado, que está detenido. Según declaraciones de indígenas que estuvieron con Pereira y Phillips, les amenazó con un rifle el día antes de que desaparecieran. Él niega toda implicación y afirma que la policía militar le torturó para obtener una confesión, según dijo su familia a The Associated Press.
Pereira, que lideró la oficina local de la agencia indígena del gobierno, conocida como FUNAI, ha participado en varias operaciones contra la pesca ilegal. En esas operaciones se confisca o destruye el material de pesca, mientras que los pescadores son multados y detenidos brevemente. Sólo los indígenas pueden pescar en sus territorios.
“El motivo del crimen es una disputa personal por inspecciones de pesca”, especuló ante la prensa el alcalde de Atalaia do Norte, Denis Paiva, sin dar más detalles.
AP tuvo acceso a información compartida por la policía con líderes indígenas. Aunque algunos agentes, el alcalde y otras personas en la región asocian las desapariciones a una “mafia del pescado”, la policía federal no descarta otras líneas de investigación. La zona también tiene una intensa actividad de narcotráfico.
El pescador Laurimar Alves Lopes, de 45 años y que vive en la orilla del río Itaquai, donde desaparecieron los dos hombres, dijo a AP que había dejado de pescar en el territorio indígena tras ser detenido en tres ocasiones. En la cárcel sufrió hambre y golpizas, dijo.
“Cometí muchos errores, robé mucho pescado. Cuando uno ve a su hijo muriendo de hambre va a buscar donde pueda. De modo que iba a robar pescado para poder mantener a mi familia. Pero después dije: voy a acabar con esto, voy a plantar”, dijo durante una entrevista en su bote.
Dijo que lo habían llevado en tres ocasiones a la sede de la policía federal en Tabatinga, donde lo golpearon y dejaron sin comida.
Una de las detenciones fue obra del funcionario de FUNAI Maxciel Pereira dos Santos. Lopes dijo que en esa ocasión fue acusado falsamente de cazar en una zona indígena. Dijo que pasó una noche en la base local de FUNAI antes de ser enviado a Tabatinga.
Santos murió baleado en 2019 en Tabatinga delante de su esposa y su nuera. Tres años más tarde, el crimen sigue sin resolver. Sus colegas de FUNAI dijeron a AP que creen que el crimen está relacionado con su trabajo contra los furtivos.
Lopes, que tiene cinco hijos, dijo que el ingreso principal de su familia son 80 dólares mensuales de un programa social federal. También vende sandías y bananas en las calles de Atalaia do Norte, con lo que el año pasado ganó unos mil 200 dólares. Afirma que sólo pesca cerca de su casa para alimentar a su familia, no para vender.
Todas las comunidades ribereñas de la zona fueron fundadas por trabajadores del caucho. Pero en la década de 1980 el sector declinó y la población recurrió a la industria maderera. Eso también terminó cuando el gobierno federal creó el Territorio Indígena Valle de Javari en 2001. Desde entonces, la pesca se ha convertido en la principal actividad económica.
Una expedición pesquera al gran Valle de Javari dura en torno a un mes, según Manoel Felipe, historiador y profesor de la zona que también sirvió como concejal. Por cada incursión ilegal, un pescador gana al menos 3 mil dólares.
“Los financistas de los pescadores son colombianos”, dijo Felipe. “En Leticia, todo el mundo estaba enojado con Bruno. Esto no es un juego. Es posible que enviaran un pistolero a matarlo”.
En opinión del alcalde Paiva, no es una coincidencia que los únicos dos asesinatos de funcionarios de FUNAI en la región se hayan producido durante el gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que a menudo ha defendido la explotación de recursos en territorios indígenas, en especial minerales, por parte de empresas y personas no indígenas.
“Este gobierno hizo a la gente más propensa a la violencia. Hoy hablas con alguien y dice que tiene que tomar las armas. Antes no era así”, dijo.