SAN SALVADOR.— Un juzgado de El Salvador impuso una condena de 50 años de prisión a una joven que tuvo un parto en su casa y que inicialmente fue procesada por aborto y condenada por homicidio agravado. Esta es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que se penalizó de manera absoluta el aborto en el país.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto rechazó la decisión judicial y anunció el lunes que apelará el fallo dictado el pasado 29 de junio por un juzgado de San Miguel, 135 kilómetros al este de la capital.
“El Estado salvadoreño una vez más continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse”, dijo en un comunicado de prensa Morena Herrera, quien dirige el colectivo que defiende los derechos de las mujeres en El Salvador.
De aborto a homicidio agravado
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión.
El Ministerio Público informó que la condena de Lesly Lisbeth Ramírez se basó en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y el dictamen forense que determinó como causa del fallecimiento de la bebé “degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca”.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la joven, que residía en una zona rural del oriente del país, “ocultó su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida y que, a través del reconocimiento forense, se estimó que tenía entre las 37 y 40 semanas de gestación”.
Sin embargo, el colectivo feminista sostiene que la joven que en el ese momento tenía 19 años, un nivel de educación escolar bajo y sin educación sexual integral “desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9:30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto”.
La joven fue al baño y tuvo un parto precipitado. Los familiares llamaron a emergencias de la policía para que la trasladaran a un hospital, donde fue detenida y acusada inicialmente de aborto.
Ramírez es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situación de pobreza extrema que no tiene en acceso a agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agrícola. Solo cursó hasta el séptimo grado y asumió las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad.
Un proceso lleno de irregularidades y prejuicios
El colectivo asegura que el proceso jurídico contra la joven estuvo lleno de irregularidades y prejuicios y que el juez no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia. Tampoco “valoró el peritaje social de Medicina Legal que evidencia la violencia de genero a la que Lesly había sido sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquiátrico”.
Herrera dijo a la AP que esta sentencia es contraria al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Manuela vs El Salvador”. En noviembre de 2020, la CIDH declaró responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos de una mujer identificada como “Manuela”, que fue detenida en 2008 y luego de ser condenada a 30 años murió en la cárcel, dejando huérfanos a sus dos hijos.
El colectivo afirma que a “Manuela” se le negó atención médica mientras estaba detenida y la CIDH condenó al Estado salvadoreño por el caso y le exigió no perseguir ni criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas.
Desde diciembre de 2021, el gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a nueve mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron procesadas por aborto.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no se ha tenido resultado.