La líder depuesta de Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue sentenciada a seis años más de prisión este lunes en un juicio que podría enfurecer aún más a los partidarios de la ganadora del premio Nobel de la paz de 77 años.
Un tribunal especial dentro de un recinto penitenciario en la capital, Naypyidaw, la encontró culpable de cuatro cargos de corrupción relacionados con una organización benéfica que lleva el nombre de su difunta madre, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato porque los procedimientos no son públicos. Es la cuarta ronda de veredictos penales contra Suu Kyi desde que los militares tomaron el poder en un golpe de 2021 y elevan su pena total de cárcel a 17 años, extinguiendo cualquier posibilidad de que regrese políticamente mientras la junta permanezca en el poder.
El juez del Tribunal Superior de la región de Mandalay, Myint San, dictaminó que Suu Kyi hizo que el Estado perdiera más de 24 mil 200 millones de kyats (13 millones de dólares) al arrendar un terreno en Naypyidaw para construir la sede y los proyectos relacionados de la Fundación Daw Khin Kyi, una organización benéfica que apoyaba la salud pública y educación, a un precio más económico que la tarifa fijada por el Departamento de Impuestos Internos, según personas familiarizadas con el tema y medios estatales.
Las sentencias judiciales anteriores provocaron la ira pública e intensificaron la resistencia armada encabezada por el Gobierno de Unidad Nacional en la sombra. Las tropas de la junta han matado a casi 2 mil 200 civiles y arrestado a más de 15 mil desde el golpe de Estado, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, que este mes dijo que los presos en el país están sufriendo violaciones a los derechos humanos.
La junta acusó a la líder depuesta de malversar las donaciones públicas a la fundación para construir su residencia en Naypyidaw y aceptar sobornos por valor de 550, mil dólares de un empresario como donación a la organización benéfica en 2019 y 2020. Suu Kyi negó todas las acusaciones y declaró que “no es culpable.”
Otros tres altos funcionarios, incluido el depuesto alcalde de Naypyidaw, Myo Aung, y su adjunto, Ye Min Oo, fueron condenados a tres años de prisión cada uno por los mismos cargos, dijo la persona. El mayor general Zaw Min Tun, portavoz principal del Consejo de Administración del Estado gobernante, no respondió de inmediato a las llamadas en busca de comentarios sobre el fallo.
Suu Kyi estaba “muy fuerte y estable” cuando escuchó el veredicto y le dijo a la corte que apelará la decisión, dijeron las personas. También testificará en la corte el jueves por un cargo bajo la Ley de Secretos Oficiales que defiende junto con su asesor australiano Sean Turnell.
La exlíder enfrenta nueve cargos más, incluida la violación de la Ley de Secretos Oficiales de la era colonial y abuso de poder para garantizar que su partido político ganara las elecciones de 2020. Si es declarada culpable, los cargos restantes podrían agregar un máximo de 122 años más a su sentencia si los cumple consecutivamente.
Anteriormente, Suu Kyi fue sentenciada a un total de 11 años de prisión por el mismo tribunal por seis cargos, entre ellos importar ilegalmente y poseer walkie-talkies sin licencia, violar las reglas de Covid e incitar a la disidencia contra el ejército. Ella calificó las acusaciones de “absurdas”, mientras que sus partidarios dicen que los cargos tienen motivaciones políticas.
El ícono de la democracia de la nación fue trasladada de su residencia a un lugar desconocido antes de que comenzara su primer juicio a puerta cerrada en un complejo estatal en junio de 2021. Un año después, fue trasladada a una unidad de confinamiento solitario construida por militares en la prisión de Naypyidaw. No se permite a los periodistas presenciar los procedimientos judiciales y los abogados de Suu Kyi tienen prohibido hablar con los medios de comunicación.
Estados Unidos y sus aliados han impuesto sanciones a los generales y simpatizantes militares de Myanmar desde el golpe. Incluso otros estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se han mostrado reacios a cooperar con Myanmar después de que la junta ejecutara a cuatro activistas a favor de la democracia en su primer uso de la pena capital en más de tres décadas.
La semana pasada, los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN dijeron en una declaración conjunta que estaban “profundamente decepcionados” por el progreso limitado y la falta de compromiso de las autoridades de Myanmar con la implementación completa y oportuna de un consenso de cinco puntos acordado anteriormente por Min Aung Hlaing, el militar jefe que tomó el poder en el golpe de 2021.