El rechazo a la nueva constitución de Chile alcanzaba el domingo el 62 por ciento, según el conteo oficial preliminar, mientras la aprobación sumaba 38 por ciento. De mantenerse esta ventaja, permanecerá vigente la carta magna impuesta por la dictadura militar hace 41 años.
El resultado del plebiscito informado por el autónomo Servicio Electoral de Chile (SERVEL) —que ha contabilizado hasta ahora el 88 por ciento de los votos— es crucial para el presidente Gabriel Boric, quien ha sido uno de los principales defensores de la nueva constitución.
“La constitución de (el exdictador Augusto) Pinochet está enterrada, el proceso va a seguir”, dijo Flavia Torrealba, dirigente de un pequeño partido a favor del “Apruebo”.
El plebiscito es el cierre de un proceso de tres años iniciado en 2019 cuando en Chile -considerado hasta entonces un ejemplo de estabilidad en la región- estallaron protestas callejeras estudiantiles en demanda de más igualdad y derechos sociales. Un año después el 78 por ciento del electorado decidió que quería una nueva constitución que reemplazara a la impuesta por la dictadura militar de 1973 a 1990.
La nueva carta magna hace énfasis en asuntos sociales e igualdad de género, consagra derechos a los 11 pueblos originarios chilenos, prioriza la protección del medio ambiente e introduce los derechos a la vivienda, salud y educación gratis.
El triunfo del “Rechazo” posibilita que siga vigente la constitución de los militares que la actual oposición se negó a modificar durante 30 años. Sin embargo, el sector se abrió a las transformaciones luego de que en 2020 la mayoría de los chilenos votaron a favor de una nueva ley fundamental.
Hace dos meses la oposición prometió públicamente que, de triunfar el “Rechazo”, le introduciría a la carta magna una decena de reformas, entre ellas cambiar el actual Estado subsidiario que instauró un modelo de libre mercado por un Estado social de derechos.
“Debemos garantizar el acceso y adecuado ejercicio de derechos sociales en educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna”, señala el compromiso opositor. La constitución actual deja que el mercado regule el acceso a los derechos sociales y las pensiones se basan en el modelo de capitalización individual.
También prometió reconocer constitucionalmente a los 11 pueblos originarios chilenos y el derecho humano al agua, además de garantizar “igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres” y defender la existencia del Senado, que la propuesta oficialista eliminó.
La oposición no explicitó qué camino seguirá para concretar sus reformas y dejó pendiente la decisión hasta después del plebiscito de este domingo.