En un nuevo capítulo de la creciente tensión política e institucional en Argentina, el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores provinciales impulsan la destitución de los miembros de la Corte Suprema de Justicia al considerar que actúan en connivencia con la mayor fuerza de la oposición.
La acción de juicio político va dirigida contra el presidente del tribunal supremo, Horacio Rosatti, por mal desempeño en sus funciones y los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por hechos con distintos grados de responsabilidad.
La titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, la oficialista Ana Carolina Gaillard, dijo el miércoles a medios de prensa que el proceso será llevado “con mucha seriedad y transparencia” ante la sociedad.
En la víspera, Fernández y al menos una decena de gobernadores de provincias de su mismo espacio político enviaron una nota a la diputada para que disponga “las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político”, que se prevé que comience a tramitarse en el Congreso en las próximas semanas.
Según Gaillard, el Parlamento, actualmente en receso estival, debe quedar habilitado en sesiones extraordinarias por iniciativa del mandatario, tras lo cual la comisión que encabeza comenzará a tratar el proyecto de destitución.
El oficialismo cuenta con suficientes votos propios en dicha comisión para abrir el proceso, pero no así para concretar el juicio político en el Congreso.
Para que la Cámara de Diputados se transforme en acusadora hacen falta dos tercios de los votos presentes y la misma mayoría se requiere en el Senado para aprobar la destitución de los jueces.
¿Por qué Alberto Fernández quiere destituir a jueces?
La ofensiva del gobierno contra el máximo tribunal se produce luego de su reciente fallo que obligó al Estado nacional a pagar a la ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento del volumen del monto total recaudado por impuestos -que se distribuye entre las 23 provincias y la capital-, frente al 2.32 por ciento que recibía.
Fernández se manifestó dispuesto a acatar el fallo, al que consideró una muestra de la parcialidad del tribunal en favor del gobierno capitalino liderado por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales dirigentes de la oposición y con aspiraciones presidenciales en los comicios generales de octubre.
Según el mandatario, esta medida cautelar de la Corte puso “en crisis” el sistema federal argentino y constituye un paso más del “avance inadmisible del Poder Judicial sobre los otros poderes”.
El mandatario mantiene un frontal enfrentamiento con los magistrados de la Corte y considera que la justicia necesita una reforma. Varias veces ha acusado al Poder Judicial de favorecer a la coalición opositora Juntos por el Cambio, que tiene entre sus referentes al alcalde de Buenos Aires y al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y perseguir a dirigentes oficialistas como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los opositores repudian por su lado “el atropello constante” del oficialismo a las instituciones y consideran que su arremetida contra la justicia busca blindar a la vicepresidenta, quien recientemente fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015). El fallo puede ser apelado hasta llegar a la Corte Suprema. La vicepresidenta enfrenta otras causas judiciales por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.