El presidente de Francia, Emmanuel Macron utilizará el decreto ejecutivo para impulsar su impopular reforma de pensiones que elevará la edad de jubilación francesa a 64 años, evitando efectivamente la cámara baja del parlamento.
El proyecto de ley de pensiones se debatió en el parlamento durante seis semanas antes de que quedara claro que Macron no podía reunir suficientes votos, lo que llevó al gobierno a invocar la disposición constitucional conocida como Artículo 49.3 que permite la adopción de una ley sin votación.
Macron hizo de la renovación de las pensiones, que aumenta la edad mínima de jubilación de 62 años, una de las principales prioridades de su segundo mandato, argumentando que era esencial evitar los déficits que se han visto exacerbados por la crisis energética y el gasto en Covid. Los legisladores de la oposición pidieron inmediatamente un voto de no confianza en el gobierno.
“No podemos apostar por el futuro de nuestras pensiones”, dijo la primera ministra Elisabeth Borne a los legisladores en París cuando anunció la decisión del gobierno. “Si todos votaran de acuerdo con su conciencia y de acuerdo con sus posiciones pasadas, no estaríamos donde estamos esta tarde”.
En caso de que Macron pierda una moción de censura, el proyecto de ley de pensiones sería anulado y el gobierno tendría que renunciar. Pero tal medida requeriría el respaldo de algunos legisladores conservadores.
Millones de personas han salido a las calles para protestar contra la propuesta, y la mayoría de los franceses se oponen a la reforma. Pero la participación se desplomó en las últimas marchas y las encuestas han demostrado que la mayoría de la gente esperaba que el proyecto de ley fuera aprobado.
Quizás el signo más visible de las protestas es la basura en las calles de ciudades como París, donde unos 7 mil toneladas de residuos han sido dejados para amontonar por recolectores de basura en huelga en los últimos días.
“Incluso si el 49.3 está en la constitución, para nosotros representa una falta de respeto por la democracia”, dijo Philippe Martínez, jefe del sindicato de línea dura CGT, a periodistas frente a la Asamblea Nacional anteriormente. “La movilización y las huelgas deben escalar”.
El legado de Macron
La oposición tiene otras herramientas para retrasar la promulgación de la reforma, como solicitar al tribunal constitucional que revise o modifique el proyecto de ley o activar un mecanismo para convocar a un referéndum. Marine Le Pen dijo que su partido Agrupación Nacional presentaría una moción de censura contra el gobierno.
“Aprobar la legislación por decreto no significa que los problemas hayan terminado para el gobierno”, dijo Melody Mock-Gruet, experta en asuntos parlamentarios franceses, en una entrevista. “Podría haber un largo camino por recorrer, tal vez meses, hasta que la reforma se convierta en ley”.