El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció su decisión de disolver el Congreso controlado por la oposición, mientras se enfrentaba a una votación para destituirlo.
“He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE (Consejo Nacional Electoral) se convoque a elecciones”, dijo Lasso en el miércoles en Twitter. “Ecuatorianos y ecuatorianas: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política”.
Lasso hizo el anuncio después de que 88 legisladores votaran el 10 de mayo a favor de continuar con el juicio político y la oposición mantuviera el control de la Asamblea Nacional en una votación interna de mitad de mandato el 14 de mayo. El procedimiento de juicio político en su contra comenzó el martes.
Los partidarios del autoexiliado expresidente Rafael Correa, el conservador Partido Social Cristiano y los partidos de centroizquierda Pachakutik e Izquierda Democrática acusaron al mandatario de malversación de fondos por no haber cancelado un contrato de transporte de petróleo. Lasso negó las acusaciones, añadiendo que, bajo su mandato, la empresa estatal de transporte de petróleo obtuvo el año pasado una ganancia neta récord. La oposición necesitaba 92 votos para sustituirlo por su vicepresidente, Alfredo Borrero.
¿En qué consiste la medida aplicada por Guillermo Lasso en Ecuador?
La medida, sin precedentes históricos en los 15 años de la Constitución ecuatoriana, desencadena elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, lo que ha dado lugar a que se la conozca popularmente como “muerte cruzada”, ya que Lasso también se juega su propio puesto.
El analista jurídico Ramiro Aguilar indicó a la agencia AP que “este es un mecanismo plenamente constitucional” y que la medida ayuda a destrabar la disputa entre el gobierno y la Asamblea. “Un conflicto de esta naturaleza puede durar cuatro años y es un conflicto que paraliza el país, entonces la ‘muerte cruzada’ (disolución de la Asamblea) establecida en la constitución del 2008 fue diseñada para superar los conflictos políticos que ponen en jaque a las instituciones, que paralizan la institucionalidad”.
Sin embargo, agregó, el país también pierde el debate democrático porque “va a haber una voz unilateral del Ejecutivo imponiendo un rumbo sin el contrapeso de la Asamblea y pierde credibilidad el país, porque queda con una institucionalidad débil”.
Según establece la normativa, la Asamblea Nacional deberá cerrar físicamente sus instalaciones y únicamente su administrador general estará habilitado para mantener en operación al personal permanente mientras el resto de los contratos provisionales quedarán sin efecto. El presidente podrá ordenar el uso de la fuerza pública para el resguardo del Palacio Legislativo.
Aunque Lasso llevó a cabo con éxito un programa de vacunación contra el COVID-19 y estabilizó las cuentas fiscales, completando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por primera vez en más de 20 años, se enfrentó a la oposición ideológica de Correa desde el principio de su gobierno. Su popularidad ha disminuido en medio de una ola de delincuencia que ha disparado la tasa de asesinatos en Ecuador por encima de las de Colombia y México.
Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días. Aunque la constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses.
Las elecciones son solo para completar el mandato ordinario hasta mediados de 2025. Lasso ha dicho que volverá a postularse a la presidencia.
Hasta la instalación de una nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá “expedir decretos-leyes de urgencia económica” hasta por seis meses, previa revisión de la Corte Constitucional, según el artículo 148 de la Constitución de Ecuador de 2008.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIEA) que protagonizó violentas protestas contra el Gobierno de Lasso en 2022, dijo que volvería a salir a las calles si hiciera uso de su derecho a disolver la legislatura.
Con información de AP.