Costa Rica reformó sus leyes para ampliar la prisión preventiva y el tiempo de investigación como una medida para combatir el crimen organizado, esto ante la ola de homicidios que vive el país desde el año pasado.
La nueva regulación incluye una ampliación en los plazos para tramitar las investigaciones judiciales sobre crimen organizado, así como la posibilidad de duplicar los periodos de prisión preventiva de 12 a 24 meses a los indagados por estos delitos.
Las autoridades habían apremiado la entrada en vigor de la ley para antes del 6 de junio, dado que en esa fecha varios líderes de bandas criminales cumplirían sus periodos de prisión preventiva. Con la reforma aprobada, sus órdenes de prisión provisional podrán ser prorrogadas.
Costa Rica cerró en 2022 el año más violento del que tenga registro con 657 asesinatos, mientras que en lo que va de 2023 ya suma 369 muertes de este tipo, de las cuales 219 han sido clasificadas como “ajustes de cuentas” relacionados con la rivalidad entre pandillas dedicadas al tráfico de drogas.
El presidente del país, Rodrigo Chaves, firmó el martes la ley que había aprobado de forma expedita la Asamblea Legislativa y que ya había sido consensuada con el Poder Judicial. Lo hizo en compañía del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, en un acto especial en la Casa Presidencial.
El presidente aseguró que ya era hora de “movernos hacia adelante como una sociedad que sí está comprometida en la lucha contra el crimen organizado”.
La nueva ley cambia los requisitos para ser juez tramitador en los Tribunales de Crimen Organizado y establece una evaluación cada dos años para el personal de esta jurisdicción, quienes además contarán con protección especial dado el riesgo de su labor.
La ley también abre la posibilidad de que los casos de crimen organizado se tramiten tanto por la vía ordinaria como por la especial, entre otras medidas.