El gobierno de Ecuador recurrió de nuevo a la declaratoria de estado de excepción para enfrentar una serie de hechos violentos que inició el fin de semana con el asesinato del alcalde de la tercera mayor ciudad del país, siguió con una masacre carcelaria y continuó el martes con varios ataques en el norte de la nación andina.
El país sudamericano, que lleva inmerso más de dos años en un repunte aún irrefrenable de la violencia y de los crímenes, volvió a sufrir desde el fin de semana una cadena de ataques que acrecientan la principal preocupación de los ecuatorianos: la inseguridad.
Este martes, el gobierno ecuatoriano emitió un segundo estado de excepción por dos meses en un intento de recuperar el control sobre el sistema carcelario que se declaró en huelga el lunes con la retención de casi un centenar de guardias penitenciarios ―ya fueron liberados, según se informó el martes por la tarde— y que en los últimos días ha registrado violentos nuevos enfrentamientos entre presos.
Paralelamente, en la ciudad de Esmeraldas, a 182 kilómetros al noroeste de la capital, se registró una ola de violencia que incluyó también un enfrentamiento entre internos de la cárcel estatal que hay en esa provincia costera, una explosión de una bomba incendiaria ante el edificio regional de la Fiscalía, que dejó un herido, un incendio de un autobús y de tres vehículos particulares por parte de desconocidos. Las actividades escolares fueron suspendidas por las autoridades.
Unidades militares desactivaron explosivos dejados en diversas gasolineras de Esmeraldas, una de las más violentas del país, y donde en abril un grupo armado de desconocidos acribilló a pescadores y compradores de un puerto artesanal, dejando un saldo de nueve muertos y varios heridos.
En la ciudad portuaria de Guayaquil, a 270 kilómetros al suroeste, desconocidos incendiaron un autobús y protagonizaron saqueos en establecimientos comerciales de la populosa barriada de la Trinitaria, al sur de la ciudad.
Para hacer frente este repunte de la violencia, el gobierno declaró el el lunes un primer estado de excepción por 60 días en las provincias de Los Ríos y Manabí. En esta última fue asesinado a balazos Agustín Intriago, el alcalde de la ciudad de Manta, la tercera más grande del país. Con la excepción, se reduce el derecho a la reunión, información y otras libertades.
En un segundo estado de excepción, decretado por el presidente el martes, con enfoque especial para el sistema penitenciario, se incluyen datos de un informe policial que achaca la situación de violencia a la ruptura de una alianza entre grupos criminales.
“Se registró la ruptura de la alianza delictiva que mantenían los grupos de delincuencia organizada Lobos y Tiguerones, lo que llevó a que estos grupos se mantienen en una actitud hostil desencadenando enfrentamientos”, recoge el decreto presidencial, en donde además se reconoce que “la falta de equipamiento y armamento (de la policía) y el poder de fuego de las personas privadas de libertad constituye una vulnerabilidad y un peligro para nuestros servidores”.
Dentro de la cárcel, los presos disponen de armas blancas, armas de fuego de corto y largo alcance, de artefactos explosivos e incluso granadas, según el reporte policial citado en el decreto. De ahí, que el gobierno ordenara el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para intentar recobrar el control interno.
Los Lobos, de acuerdo con informes policiales, operan en las provincias costeras y ciudades portuarias en estrecha relación con el Cartel Jalisco Nueva Generación, al que también sirve la banda de los Tiguerones que controlan especialmente la provincia de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, donde operan junto a grupos de narcotraficantes de ese país.
El enfrentamiento armado desde el sábado entre presos en la Penitenciaría de Guayaquil, la más grande y peligrosa del país, rebasó el control de los guardias penitenciarios y llevó a las autoridades a movilizar al interior de las cárceles a unos 2 mil 700 efectivos, entre policías y militares.
La Fiscalía actualizó la cifra de víctimas a 31 muertos y 14 heridos, mientras una fuerza combinada de militares y policías progresivamente tomaban el control de esa cárcel.
En horas de la tarde, durante la intervención militar en uno de los pabellones donde se encuentran los reclusos de las bandas organizadas, se decomisaron nueve fusiles, un lanzagranadas, cuatro pistolas, dos revólver y mil municiones para fusil calibre 5.56 mm.
El ministro del Interior ecuatoriano, Juan Zapata, informó de la intervención con grupos tácticos y aseguró que han logrado tomar el control de tres pabellones de la Penitenciaría donde no ha habido resistencia de los presos “por la forma en que se ingresó, con detonaciones controladas”.
Señaló que una vez que estén sometidos todos los pabellones, ingresarán las unidades de criminalística para verificar “efectivamente cuántos fallecidos tenemos... De los reportes y lo que se puede apreciar, existe mal olor” de presuntas nuevas víctimas especialmente en el pabellón 8. “No vamos a salir hasta que se complete todo el trabajo”, agregó.
La Penitenciaría del Litoral, está ubicada en el interior de un complejo de prisiones en Guayaquil, la ciudad que registra los mayores índices de violencia y asesinatos en el país, según las autoridades. El centro de reclusión tiene capacidad para unos 9 mil 500 reclusos, aunque se registra una sobrepoblación de unos 3 mil presos.
En un intento por reducir la violencia, las autoridades distribuyeron a los presos en los pabellones de acuerdo con su pertenencia a las bandas criminales, pero ello ha sido insuficiente para disminuir el nivel de confrontación.
Las 53 cárceles que tiene Ecuador cuentan con capacidad para albergar a 27 mil 775 presos en total. No obstante, hay una sobrepoblación carcelaria de 3 mil 604 reclusos, según el último censo.