Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos permitió el jueves 3 de agosto que se mantenga en vigor temporalmente una norma que restringe el asilo a migrantes en la frontera sur.
La decisión supone una importante victoria para el gobierno del presidente Joe Biden, que había argumentado que la norma es crucial para sus esfuerzos por mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México.
La nueva norma dificulta enormemente que las personas reciban asilo en Estados Unidos, a menos que primero soliciten protección en un país por el que pasen en su camino hacia Estados Unidos o presenten su petición por internet. Incluye margen para excepciones y no se aplica a los niños que viajan sin la compañía de familiares adultos.
La decisión de la Corte de Apelaciones del noveno Circuito concede la suspensión temporal de una decisión de un tribunal de menor instancia que había determinado que dicha política era ilegal y había ordenado al gobierno que pusiera fin a su uso antes del próximo lunes. El gobierno acudió rápidamente al tribunal de apelaciones para pedir que se permitiera seguir aplicando la norma mientras se dirime su legalidad en las cortes.
El panel de tres jueces falló 2-1 a favor de la solicitud del gobierno. También señaló que agilizaría la audiencia de la apelación. Se tiene previsto que ambas partes entreguen sus argumentos a la corte para mediados de septiembre, y que la audiencia se realice en una fecha aún no especificada, lo que significa que habría un proceso relativamente rápido para revisar el caso.
Los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos designados por el expresidente Bill Clinton, estuvieron a favor de que la norma siga en vigor, pero no dieron ninguna razón para su decisión. El juez Lawrence VanDyke, que fue nombrado por el expresidente Donald Trump, disintió.
En su disenso, VanDyke pareció estar de acuerdo con la legalidad de la norma en teoría, pero dijo que no era muy diferente a las normas anteriores implementadas por el gobierno de Trump que fueron rechazadas por el mismo tribunal de apelaciones durante la presidencia de Trump. Insinuó que los jueces se vieron motivados a conceder la suspensión porque temían que si el caso llegaba hasta la Corte Suprema, el máximo tribunal estadounidense lo hubiera hecho en su lugar.
“Desearía que me pudiera unir a la mayoría para conceder que siga implementada. Es el resultado correcto. Pero ese resultado, por correcto que sea, no está permitido por el desorden orientado a los resultados que hemos hecho de nuestro precedente de inmigración”, escribió VanDyke.
La nueva norma de asilo fue implementada en mayo. En ese entonces, Estados Unidos había puesto fin al uso de otra política, conocida como Título 42, que permitía al gobierno expulsar de manera expedita a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. La finalidad expresa del Título 42 era proteger a los estadounidenses del COVID.
El gobierno federal estaba preocupado por la posibilidad de un aumento en las llegadas de migrantes a Estados Unidos luego de que levantara el Título 42, debido a que los migrantes finalmente podrían solicitar asilo. El gobierno señaló que la nueva norma de asilo era una herramienta importante para controlar la inmigración.
Grupos defensores de derechos acudieron a los tribunales, con el argumento de que la nueva norma ponía en peligro a los migrantes debido a que los dejaba varados en el norte de México mientras esperaban obtener una cita a través de la aplicación CBP One, que el gobierno está utilizando para conceder a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo en la frontera. Los grupos argumentaron que las personas pueden solicitar asilo independientemente de dónde o cómo crucen la frontera, y que la app del gobierno es defectuosa.
También argumentaron que la nueva norma de asilo es en esencia una nueva versión de dos normas anteriores presentadas por el presidente Trump que buscaban limitar el asilo, el mismo punto al que el juez VanDyke aludió en su disenso.
Uno de los grupos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), señaló en un comunicado de prensa el jueves que el fallo no sopesó la legalidad de la norma de asilo y que confiaba en que finalmente ganaría.
“Nos complace que el tribunal haya agilizado la apelación para que pueda resolverse rápidamente, porque cada día que el gobierno de Biden prolonga sus esfuerzos para mantener su prohibición ilegal, se pone en riesgo a personas que huyen de un grave peligro”, declaró Katrina Eiland, de la ACLU, quien argumentó ante la corte.
Los grupos también alegaron que el gobierno está sobreestimando la importancia de la nueva norma para controlar la inmigración. Dijeron que cuando Estados Unidos puso fin al uso del Título 42, volvió a lo que se denomina el procesamiento de migrantes según el Título 8. Ese tipo de procesamiento tiene repercusiones mucho más fuertes para los migrantes que son deportados, como la prohibición de volver a ingresar a Estados Unidos durante cinco años.
Esas consecuencias, y no la norma de asilo, fueron mucho más importantes para reducir la inmigración después del 11 de mayo, señalaron los grupos.
“El gobierno no tiene ninguna prueba de que la norma por sí sola sea responsable por la disminución de los cruces entre puertos de entrada luego de que expiró el Título 42″, escribieron los grupos en escritos judiciales.
Pero el gobierno federal ha alegado que la norma es una parte fundamental de su política migratoria para alentar a la gente a que utilice vías legales para venir a Estados Unidos e imponer fuertes consecuencias a aquellos que no lo hagan de esa forma. El gobierno de Biden hizo hincapié en los “enormes perjuicios” que habría si no se sigue utilizando la norma.
“La norma es de vital importancia para el manejo ordenado del sistema de inmigración del país en la frontera suroeste”, escribió el gobierno.
El gobierno también argumentó que era mejor mantener la norma en vigor mientras se desarrolla la demanda en los próximos meses para evitar discontinuidad en las políticas, ya que el personal del Departamento de Seguridad Nacional procesaría solicitantes de asilo sin la norma durante un tiempo para volver a utilizarla de nuevo en caso de que el gobierno finalmente gane el proceso.
El Departamento de Seguridad Nacional difundió el jueves un comunicado en el que le atribuyó a la norma la notable reducción en la migración irregular.
“Para ser claros, seguiremos aplicando la regla y las consecuencias migratorias a quienes no cuenten con un argumento legal para permanecer en Estados Unidos”, dijo la agencia. “Alentamos a los migrantes a ignorar las mentiras de los traficantes y utilicen vías legales, seguras y ordenadas”.