El gobernador de Texas, Greg Abbott, negó que las boyas colocadas en el río Bravo provocaran la muerte de dos migrantes la semana pasada.
A través de la red social X, Abbott respondió a un artículo de “The Dallas Morning News” en el que se revela que oficiales de Texas ignoraron las advertencias sobre la ilegalidad de la instalación de las boyas debido a que se trata de una jurisdicción federal.
Sin embargo, el republicano aseguró que le informó al presidente Joe Biden, hace casi un año, sobre la autoridad constitucional de Texas para instalar la barrera flotante.
What this story doesn’t tell you is that I informed Biden almost a year ago about Texas’s constitutional authority to secure the border.
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 8, 2023
It also ignores the fact that the bouys used by Texas did not cause the drowning of the 2 bodies.
Facts matter. https://t.co/XrXc51e2fq
Esta no es la primera vez que el gobierno texano intenta deslindarse de lo ocurrido. El pasado 3 de agosto, Andrew Mahaleris, secretario de prensa de Abbott, dijo que el gobierno mexicano se equivocaba al afirmar que las boyas habían sido la causa de muerte del primer migrante encontrado.
“La información preliminar apunta a que el ahogamiento ocurrió incluso antes de que el cuerpo estuviera cerca de las barreras”, señaló en un comunicado a Bloomberg News.
La instalación de 300 metros de boyas en el río Bravo, a la altura de Eagle Pass, forma parte de la operación Estrella Solitaria de Abbott que comenzó en 2021 con el despliegue de soldados y policías en la frontera sur de Estados Unidos.
La medida ya enfrenta una demanda judicial de ilegalidad por parte del gobierno de Joe Biden, quien ha asegurado que se implementó de forma ilícita y sin obtener los permisos necesarios.
Según dio a conocer The Dallas Morning News en su investigación, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (USIBWC, siglas en inglés), que controla el río Grande, advirtió en abril pasado a un oficial de la Patrulla de Carreteras de Texas que las áreas asociadas con el afluente estaba bajo jurisdicción federal.
“El estado de Texas, que opera a través de varias entidades, incluidas, entre otras, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) (y sus contratistas) no tiene autorización para su presencia en la propiedad federal que administra, posee y/o controla la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos”, señaló entonces la agencia federal.
Sin embargo, según el diario, las advertencias comenzaron en diciembre del 2022, mucho antes de que comenzara la instalación de las boyas.
Con información de Bloomberg y EFE.