Representantes del tejido empresarial de Florida manifestaron este martes su preocupación por los efectos de la nueva ley migratoria de este estado sureño, la SB 17128, que entró en vigor en julio y está generando un déficit de mano de obra en sectores clave de la economía.
“Hay un gran miedo en algunos empresarios de que (la agencia federal migratoria) ICE toqué la puerta de sus negocios”, señaló Rodrick Miller, presidente de Beacon Council, organización público-privada en pro del desarrollo económico del condado Miami-Dade, el más rico y poblado de Florida.
En una cumbre sobre el rol de los inmigrantes en la construcción de Florida, Miller reveló que, aunque no tiene cifras oficiales, en esta organización escuchan que cada vez más familias migrantes abandonan el estado por la ley SB 1718, promovida por el gobernador y aspirante presidencial republicano Ron DeSantis.
“Va a disminuir la mano de obra en un mercado laboral ya estrecho”, dijo a EFE Randy McGrorty, director ejecutivo de los Servicios Legales Católicos, de la Arquidiócesis de Miami, que ofrece ayuda para navegar en la burocracia legal a los solicitantes de asilo recién llegados, entre otros inmigrantes.
McGrorty, quien también participó del encuentro, destacó la dificultad que desde hace años tienen los tres sectores que sostienen la economía floridana, como son la hostería, la agricultura y la construcción, para cubrir puestos que requieren mano de obra calificada.
Un escenario que ahora se complica porque la SB 1718 obliga a las empresas de un mínimo de 25 empleados a utilizar la base de datos E-Verify, que permite confirmar el estatus migratorio de los trabajadores.
Según McGrorty, entre las primeras víctimas de dicha ley están las agencias de empleo, que cuentan ahora con menos afiliados. “El mensaje claro es que Florida ya no te da la bienvenida más”, agregó.
Una comunidad de trabajadores inmigrantes en Florida
Mike Fernández, presidente de MBF Healthcare Partners y copresidente de la American Business Immigration Coalition (ABIC), señaló que “Florida sólo se perjudicaría a sí misma si no acogiera e integrara a los recién llegados en nuestras comunidades”.
“Esta es una comunidad de trabajadores inmigrantes”, destacó el empresario, quien puso de relieve que los inmigrantes casi por definición son personas que toman riesgos y lamentó, por tanto, que algunos políticos “se olvidan que liderar tiene que ver con servir”.
El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, manifestó que “los inmigrantes no son el problema, el problema es un sistema migratorio roto”. “Los inmigrantes básicamente vienen a trabajar”, defendió.
En esa línea, McGrorty aseveró que la corte migratoria de Miami tiene el más grande atraso de solicitudes de asilo en Estados Unidos, con más de 250 mil expedientes a la espera de ser escuchados, muchos de ellos de recién llegados al país, en su mayoría cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses.
“Si tienes la chance de que tu expediente sea ingresado hoy, no tendrás tu caso cerrado entre 4 a 6 años”, señaló el representante de la Arquidiócesis de Miami, uno de los organizadores de la cumbre de hoy junto con ABIC.
McGrorty, al igual que la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, otra de las ponentes del evento de hoy, ven importante la actual “narrativa en torno a los inmigrantes”.
“Ellos se entregan a las autoridades en la frontera. No estamos en medio de una suerte de invasión, es todo lo contrario”, aseveró.
Levine Cava opinó que las instituciones locales deben hablar más alto sobre cómo actúan ante la nueva norma y apuntó que en el caso de su condado, las escuelas locales, por ejemplo, disponen de protocolos para atender a los nuevos estudiantes de otros países.
“Nosotros siempre hemos sido una comunidad que acoge a las personas que vienen en busca de libertad y oportunidad tras huir de gobiernos opresores, violencia o desastres naturales devastadores. Entendemos su sufrimiento y respondemos con compasión”, señaló la alcaldesa.
Destacó que por ello los inmigrantes son más de la mitad de la fuerza laboral local y suponen más del 70 por ciento de todos los dueños de negocios.