El gobierno del ultraliberal, Javier Milei, anunció el jueves un endurecimiento de la política de seguridad para el control de protestas callejeras en Argentina, en la misma semana en la que implementó un plan económico de fuertes ajustes que ha generado el rechazo de sindicatos y organizaciones sociales.
“Las cuatro fuerzas federales, más el servicio penitenciario federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales” de calles, carreteras y puentes bajo jurisdicción federal, adelantó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa.
“Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas”, señaló la ministra, al aclarar que el derecho a la protesta consagrado en la Constitución está garantizado.
Según el nuevo protocolo de orden público, los cuerpos de seguridad federales emplearán “la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia” hasta que la vía pública quede liberada.
También contempla la prohibición de protestar con el rostro tapado que impida la identificación del manifestante y la portación de palos. “La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir”, remarcó Bullrich.
Buenos Aires es epicentro casi a diario de numerosas protestas, especialmente en el centro de la ciudad, que generan caos vehicular y malestar de sus residentes.
La presentación de Bullrich ocurre dos días después de que el gobierno anunciara un severo plan de ajuste económico para bajar el déficit fiscal que, entre otros puntos, incluye la devaluación del peso argentino más del 50 por ciento, el despido de empleados públicos, la reducción de subsidios al transporte y la energía y la suspensión de la obra pública, que tendrán un fuerte impacto social.
Al poco de asumir Milei, organizaciones de desempleados convocaron a una movilización para el próximo 20 de diciembre, cuando se cumple un nuevo aniversario del estallido social de 2001 que dejó decenas de muertos.
A su vez, la principal central sindical advirtió la víspera que no se quedará “de brazos cruzados” si el plan de Milei afecta los salarios y las jubilaciones.
El nuevo plan de seguridad plantea, además, sanciones —no se detalló cuáles— para los manifestantes que vayan acompañados por menores de edad.
“No queremos que se usen a los chicos como escudos”, advirtió Bullrich, quien fue candidata a la presidencia por la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio y luego apoyó a Milei en el balotaje que lo consagró presidente el 19 de noviembre. “Se va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos a las manifestaciones. Va a haber consecuencias”.
La ministra de Seguridad sugirió que los extranjeros con residencia provisoria que participen de protestas callejeras corren riesgo de deportación al adelantar que se notificará a Migraciones si son detenidos.
En uno de los puntos más controvertidos del nuevo protocolo, Bullrich informó que los costos vinculados al operativo de seguridad deberán correr por cuenta de “organizaciones y/o individuos responsables” de toda manifestación que impida la libre circulación.
La funcionaria indicó que las medidas se basan en un artículo del Código Penal que pena con prisión de tres meses a dos años a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Los cuestionamientos al anuncio no tardaron en llegar.
“Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la policía, ni la justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado. “Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.
El sindicalista indicó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional.
En tanto que el diputado por la izquierda y excandidato a la presidencia, Nicolás del Caño, expresó que “Bullrich anuncia su plan represivo para pasar el brutal ajuste anunciado” y planteó que lo que se pretende es “amedrentar” a quienes se manifiesten contra “la política criminal que generará más hambre y pérdida de puestos de trabajo”. Y proclamó: “¡Vamos a ejercer el legítimo derecho a la protesta!”.