El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó una ley que permite a la policía detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país, poniendo a prueba los límites sobre qué tan lejos puede llegar un estado en la aplicación de las leyes migratorias.
Sus detractores han calificado la medida como el intento más drástico por parte de un estado para controlar la inmigración desde la ley de Arizona de 2010 —denunciada por sus críticos como la iniciativa “Muéstrame tus papeles”—, que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema federal. La aplicación de las leyes de inmigración es competencia federal, or lo que también es previsible que la ley de Texas sea impugnada rápidamente en los tribunales.
La nueva medida, que entrará en vigor en marzo, permite que cualquier agente policial de Texas detenga a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país. Una vez bajo custodia, pueden acceder a cumplir la orden de un juez estatal y regresar al extranjero, o ser procesadas por cargos menores de ingreso ilícito. Los migrantes que no salgan de Estados Unidos podrían enfrentarse a una nueva detención por cargos de delitos graves.
Abbott, quien promulgó la iniciativa frente a un tramo del muro fronterizo en Brownsville, pronosticó que el número de personas que cruzan ilegalmente hacia Texas caerá “muy por encima del 50 por ciento, tal vez el 75 por ciento”. No presentó evidencia que respalde esos cálculos.
“Las consecuencias de hacerlo son tan graves que las personas que están siendo traficadas por los cárteles no querrán venir hacia el estado de Texas”, declaró.
La ley intensifica las tensiones en materia migratoria en medio de un forcejeo entre la Casa Blanca y los negociadores del Senado para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza. Los legisladores republicanos exigen cambios en el sistema migratorio a cambio de cualquier asistencia para Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad nacional.
Los republicanos de Texas han desafiado cada vez más la autoridad del gobierno federal en materia migratoria, y alegan que el gobierno del presidente Joe Biden no está haciendo lo suficiente para controlar los 3 mil 149 kilómetros que abarca la frontera sur estadounidense. Desde agosto del año pasado, Texas ha enviado en autobús a más de 65 mil migrantes a otras ciudades del país, y más recientemente instaló alambre de púas a lo largo de las márgenes del río Bravo (o Grande), el cual ha provocado que algunos solicitantes de asilo se lesionen.
El gobierno federal cerró temporalmente el lunes dos pasos fronterizos ferroviarios en Texas, una medida que los operadores de trenes dijeron que obstaculizaría el comercio antes de la Navidad. Troy Miller, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), señaló que los cierres en los cruces en Eagle Pass y El Paso se realizaron en respuesta a que cada vez más migrantes se trasladan en trenes de carga, particularmente durante la última semana.
Miller indicó que las autoridades registran una cifra “sin precedentes” de arribos a la frontera, mayor a 10 mil cruces en ciertos días este mes.
Poco después de que Abbott promulgó la nueva ley, la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas informó que la impugnará ante los tribunales. Más de 20 legisladores demócratas también firmaron una misiva en la que exhortan al Departamento de Justicia federal a que interponga una demanda para frenar la ley, conocida como Iniciativa 4 del Senado (SB 4 por sus iniciales en inglés).
“La SB 4 es peligrosa para la población de Texas e interfiere con la competencia exclusiva del gobierno federal en materia migratoria y de asuntos exteriores”, se lee en la carta.
El gobierno mexicano también ha rechazado la medida. En virtud de los acuerdos bilaterales e internacionales, México está obligado a aceptar la deportación de sus ciudadanos, pero no la de migrantes de otros países. Según la nueva ley de Texas, los migrantes a los que se les ordene salir del país serán enviados a puertos de entrada ubicados a lo largo de la frontera con México, incluso si no son ciudadanos mexicanos. La mayoría de los migrantes detenidos por cruzar ilegalmente la frontera durante septiembre y octubre provenían de Venezuela.
Durante el debate en la Cámara de Representantes de Texas en noviembre, el representante estatal republicano David Spiller restó importancia a las preocupaciones de que la ley pudiera ser utilizada como una red de arrastre para detener a inmigrantes en todo el estado. Aseguró que su aplicación tendría lugar principalmente en los condados fronterizos, y rechazó los intentos de los demócratas por crear una ley más específica que incluyera directrices específicas para el accionar de la policía en los campus universitarios.
Debido a que el cargo de ingreso ilegal es un delito menor que prescribe en dos años, Spiller ha dicho que la ley no se utilizará para ir detrás de migrantes que residen en Estados Unidos desde hace tiempo.
“Esto no es: ‘detengan a todos los que están aquí ilegalmente y envíenlos de regreso a México’”, declaró durante el debate.
Los detractores de la medida han acusado a los republicanos de Texas de usar la ley como un vehículo para obligar a la nueva mayoría conservadora de la Corte Suprema federal a revisar su histórica decisión de 2012 respecto a la iniciativa de Arizona. En ese entonces, el juez Anthony Kennedy dijo que Arizona podría tener “frustraciones comprensibles” con los inmigrantes que están ilegalmente en el país, pero no puede intentar implementar políticas que “socaven la ley federal”.