LA HAYA.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará el día 11 y 12 sesiones sobre las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica contra Israel, a la que acusa de violar en Gaza la Convención contra el Genocidio, un caso que llega un mes antes del inicio de las audiencias sobre las consecuencias jurídicas de las políticas israelíes en Palestina.
Las actuaciones de Israel centran los únicos dos casos que tienen fecha de audiencias en el calendario del máximo tribunal de Naciones Unidas, con sede en La Haya. Además de la próxima semana, la CIJ acoge el 19 de febrero audiencias sobre “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado”.
Son dos casos distintos en contenido, pero tienen el mismo protagonista: Israel. Mientras el caso de Sudáfrica se basa en la tragedia humanitaria en Gaza y el veredicto es de obligado cumplimiento, el segundo se centra en las circunstancias de la ocupación y llevará a la emisión de una opinión jurídica no vinculante.
Ambos son totalmente independientes de la investigación que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal también en La Haya, pero con una jurisdicción separada de la Corte de la ONU, y basado en un tratado diferente, el Estatuto de Roma, por el que se juzga a individuos por crímenes internacionales. La CIJ resuelve disputas entre Estados.
La denuncia de Sudáfrica por el genocidio en Gaza
Sudáfrica solicitó el 29 de diciembre medidas cautelares urgentes para “proteger contra daños mayores, graves e irreparables los derechos del pueblo palestino” en la ofensiva contra Gaza, donde los bombardeos israelíes han asesinado a unas 22 mil personas palestinas, y que siguió luego de la incursión del grupo miliciano Hamás el 7 de octubre en las tierras ocupadas del sur de Israel, que en sí se saldó con mil 200 muertos.
“Los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino: la parte del grupo palestino en la Franja de Gaza”, explicó Johannesburgo.
Además, subrayó que “todos estos actos son atribuibles a Israel, que no ha impedido el genocidio y lo está cometiendo en violación manifiesta” de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 y con los crímenes nazis y el Holocausto judío como telón de fondo. Está en vigor en 152 países, incluido Israel.
Sudáfrica pidió a la CIJ medidas para “garantizar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones bajo la Convención”, algo que Tel Aviv tildó de “absurda difamación” y prometió defenderse contra las acusaciones de un “defensor del diablo” y “cómplice criminal” de Hamás, en palabras de Eylon Levy, portavoz del Gobierno israelí.
Las próximas audiencias solo se centrarán en las medidas cautelares, no en si Israel viola la Convención, y dados los periodos definidos por los estatutos de la CIJ, el caso podría tardar años en alcanzar un veredicto que, a pesar de ser legalmente vinculante, el tribunal no tiene herramientas para hacerlo cumplir y depende de la voluntad de Israel de respetar el fallo.
Ocupación de Israel en la tierra Palestina
En febrero, la CIJ tratará las consecuencias legales de la ocupación israelí en Palestina. La Asamblea General de la ONU le pidió en 2022 una opinión consultiva basada en las reglas y principios de, entre otros, la Carta de la ONU, el derecho internacional humanitario, y resoluciones del Consejo de Seguridad.
“¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, carácter y estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias?”, preguntó la Asamblea.
Además, se cuestionó: “¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel (…) al estatus jurídico de la ocupación, y cuáles son las consecuencias legales que se derivan de ese estatus para todos los Estados y las Naciones Unidas?”.
La última vez que la CIJ emitió una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí fue en 2004, cuando confirmó la ilegalidad del muro de separación.
Israel se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén Este en 1967, y mantiene una ocupación militar sobre este territorio palestino.
Los palestinos defienden su derecho a la libre determinación y el retorno de sus refugiados, mientras, crecen los asentamientos israelíes en Cisjordania, acompañados de acoso, agresiones y desplazamiento de palestinos, con la connivencia de las fuerzas israelíes.